Los padres de niños cardiópatas amenazan con ir a la Fiscalía
Los especialistas de cirugía cardiaca pediátrica del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, la Asociación Tricontinental de cardiopatías congénitas, familiares de los afectados y la Universidad de LPGC han advertido al Gobierno canario que irán a la Fiscalía ante cualquier iniciativa que termine con el tratamiento de los niños de la unidad. En una reunión celebrada este jueves, denunciaron la ausencia de respuestas de la consejería Sanidad y negaron las causas con las que dicha consejería justifica el cierre de la unidad de cirugía cardiaca infantil.
Gonzalo Hernández Martel, secretario de la Asociación Tricontinental de cardiopatías congénitas y representante de los padres, amenazó al Gobierno canario con acudir a la Fiscalía ante el cierre del servicio: “No nos vamos a quedar con los brazos cruzados”. Martel subrayó que, “si en algún momento llegara a ocurrir algo con cualquier paciente que se pudiera resolver aquí y que no se resuelve por defecto de los traslados, además de imprudente, va a ser temerario”
La decisión fue comunicada a los especialistas mediante un correo el viernes de la semana pasada. “No nos ha cogido por sorpresa, se viene masticando, a espaldas de profesionales y familiares desde hace tiempo y no tiene nada que ver con la economía nacional”, relató Hernández Martel. Asimismo, recordó que “sistemáticamente” en los últimos años se han llevado a cabo múltiples decisiones con el fin de “disminuir el número de pacientes y forzar la salida de pacientes en otras direcciones que no sean la de ser atendidos en el Materno”
Martel resaltó el estado de “ansiedad, perplejidad y angustia” en el que se encuentran las familias que tienen o van a tener relación con esta unidad. También recalcó, compungido, que “ningún padre o madre de un niño cardiópata elige ser padre de niño cardiópata. se enfrenta a esto porque la naturaleza los obliga”. “Todo lo que la consejería de Sanidad hace por alejar este problema de Canarias es un castigo que se añade al de afrontar esta situación”, matizó.
Junto al representante de los padres se manifestaron esta mañana en el Colegio de Médicos la vicerrectora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y distintos especialistas de la unidad, única del archipiélago, que dejará de funcionar el 1 de enero de 2013, obligando a los pacientes con cardiopatías congénitas y a sus familiares a desplazarse hasta un centro de referencia de la península.
Pedro Suárez, jefe de la unidad de cardiología pediátrica, reprendió las formas con las que se ha tomado y comunicado dicha decisión, “sin consultar a los profesionales”. Suárez se mostró “perplejo y desorientado” ante una medida de este calado, que “no había visto nunca” en su larga trayectoria, que comenzó en 1979.
El jefe de unidad recordó que han propuesto a la consejería llevar a cabo más convenios con la Unión Europea para conseguir fondos FEDER y que, incluso, llegaron a plantear despidos de especialistas “si fuera necesario” en caso de que, como alega la consejería, la calidad asistencial no sea óptima.
Además, advirtió del coste que supondría el traslado a la Península de los pacientes en el único avión medicalizado del que dispone el SCS, que puede transportar a unas 150 personas.
Índice de mortalidad del 4%
Por su parte, Gabrielle Iacona, responsable de cirugía pediátrica en el Materno Infantil, mostró algunos datos que reflejan los buenos resultados de la unidad, con un índice de mortalidad del 4%, de las más bajas a nivel nacional. El doctor explicó que, en una década, desde que se creara en 2001, se han realizado 911 intervenciones, lo que supone una media de 83 al año. Iacona cree que el objetivo debe ser la calidad de la asistencia y no la dimensión del centro.
La vicerrectora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Rosario Berriel, explicó en qué consistía el convenio Cardiosen, destinado a la formación en cardiopatía congénita y atención a unos 30 niños de Senegal con dicha patología, que iba a realizar el Hospital Materno, conjuntamente con la universidad. Este acuerdo no se pudo llevar a cabo porque la consejería de Sanidad finalmente expuso “que no les constaba lo acordado”. Berriel aclaró también que se han dirigido al área en varias ocasiones sin obtener respuesta, para mostrar luego su preocupación por el cierre de esta unidad, “por el dinero que habrá que devolver del convenio, si éste no se produce” y “por lo que ello comportará tanto para los niños africanos como para nuestra universidad”.
