Los PGE de 2013 confirman la ''demolición controlada'' de la Ley de Dependencia
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha asegurado, tras analizar el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, que se confirma que existe “una demolición controlada” de la Ley de Dependencia en forma de “reducción del número de beneficiarios y de la calidad en intensidad de las atenciones; con un predominio de la abaratada prestación de cuidadores familiares y con graves consecuencias directas por la mayor destrucción de empleo gracias al desmantelamiento la red de centros y servicios”.
Los PGE para el año 2013 confirman el recorte de 200 millones de euros en las transferencias a las Comunidades Autónomas en el nivel mínimo de protección, pasando de los 1,28 millones en 2012 a los 1,08 en 2013. Este dato corrobora el análisis que esta asociación realizó sobre el impacto económico de la reforma de la Ley (RD-ley 20/2012 de 13 de julio). En términos generales, la aportación de la Administración General del Estado a las atenciones de dependencia en 2013 representará un 18% del total, siendo el resto de esfuerzo para las Comunidades Autónomas (68%) y para las personas atendidas (14%).
Por otra parte, ee incluye una partida de 1.034 millones de euros de transferencia a la Seguridad Social de las cuotas de los familiares cuidadores. Esta cotización ha sido suprimida para 2013, por lo que, para la Asociación, “se trata de tapar un enorme agujero de deuda derivado de la pésima gestión de este asunto por parte de los actuales y de los anteriores gestores”. “La incorporación de esta importante cifra al presupuesto de la dependencia genera el espejismo de un aumento del gasto en dependencia que es irreal y del que no disfrutarán las personas dependientes”, aseguran.
Según las estimaciones de los directores y gerentes sociales, solo para atender en 2013 a las personas incorporadas al sistema actualmente en el sistema,con las actuales condiciones de financiación para las regiones, “se necesitaría sumar unos 300 millones a la cifra presupuestada”. Además, el Ministerio estima en su memoria que en 2013 el número de dependientes atendidos crecería hasta los 850.000. De ser así, se necesitarían otros 200 millones más, de lo que la asociación deduce “bien una mala técnica presupuestaria; bien el triste preludio de nuevos recortes”.
La política del actual Gobierno respecto a la atención a la dependencia ha sido, a juicio de los gerentes sociales, “recortar para destruir”. “La imposibilidad financiera para las Comunidades Autónomas de poner servicios a disposición de las personas dependientes abocará a las mismas a optar por las ya ridículas ayudas económicas para cuidados en el hogar, forzará a muchas personas cuidadoras (mujeres) a la exclusión laboral, desmantelará las redes de servicios públicos y una buena parte del tejido empresarial del sector y destruirá decenas miles de empleos: los de ahora y los del futuro”, augura.
