Podemos propone una nueva regulación del taxi para evitar la competencia desleal
El grupo de Podemos en el Parlamento de Canarias ha presentado una proposición no de ley en la que propone una nueva regulación del taxi con el objetivo de evitar la competencia desleal y las prácticas abusivas.
La portavoz de Podemos en el Parlamento de Canarias, Noemí Santana, ha informado este miércoles de que en esa proposición se plantea utilizar las nuevas tecnologías, como un geolocalizar, para conocer permanentemente la actividad de los tranfer, así como una regulación en la transmisión de las licencias.
Noemí Santana señala en un comunicado que es urgente y necesario “poner orden todo este sector para evitar, de esta forma, la competencia desleal y las prácticas abusivas”.
Agrega que una de las principales peticiones del sector, y que ha sido incluida en la proposición no de ley es la ordenación de los arrendamientos de los vehículos con conductor.
También propone Podemos que los concesionarios de licencias de taxis y vehículos de alquiler con conductor “estén obligados a explotarla con dedicación plena”, e indica que los asalariados que trabajas para los taxistas deben estar sujetos al convenio colectivo de los trabajadores y al régimen específico de la Seguridad Social, para evitar lo que conoce como floteros.
Solicita asimismo que se regule la transmisión de las licencias, “de forma que queden obligados a traspasarla en el plazo de dos años desde que el titular llegue a la jubilación o la que se obtenga por viudedad o herencia”.
Se establece una excepción a esta exigencia que plantea Podemos, y es que los herederos que quieran continuar con la actividad deban pasar por todas las pruebas selectivas para la obtención de los permisos que le habiliten para la práctica de la profesión.
En la iniciativa se prevé la implantación de un sistema de descanso a elegir en municipios de más de 20.000 habitantes, que se instaure un número de atención al usuario de este tipo de transporte en la Comunidad Autónoma, el 023, y que sea la Consejería de Transportes del Gobierno de Canarias quien declare las áreas sensibles, previa solicitud de los municipios y cabildos, así como de las asociaciones profesionales y de usuarios.
