Preocupación en el Consejo Escolar por el impacto emocional de la pandemia en niños
La presidenta del Consejo Escolar de Canarias, Dulce María Natalia Álvarez Martín, ha transmitido este jueves al Parlamento la preocupación que hay en este órgano por las consecuencias emocionales y psicológicas que puedan darse en los niños y adolescentes por la pandemia.
Hay “incertidumbre” por los efectos de la pandemia y “no sabemos cómo afrontarlo de la manera más eficaz”, ha dicho la presidenta del Consejo Escolar en una comparecencia ante la Comisión que estudia la situación de la infancia y la adolescencia en Canarias.
Álvarez ha subrayado que los niños y adolescentes son ya de por sí vulnerables y la pandemia suma situaciones de riesgo por las dificultades económicas de las familias, cuando ya antes de esta crisis la prevalencia de la pobreza en las islas era del 35%, ha advertido.
Uno de los efectos inmediatos se da en la etapa de cero a tres años, que es crucial para los niños y niñas, pero en la que hay escasa oferta de educación pública y muchos padres no tienen ya la posibilidad de sufragar las cuotas de las escuelas privadas.
La pandemia hace además “más aguda” la brecha digital, que no es sino “la plasmación tecnológica de una brecha económica, social y cultural”, ha expuesto la presidenta del Consejo Escolar.
“Con la pandemia”, ha apuntado Dulce María Natalia Álvarez, se ha agudizado un problema anterior que ya tenía una prevalencia del 18 %, como es el abandono escolar temprano, jóvenes que con 15 o 16 años “se quedan descolgados” del sistema educativo, lo que puede derivar en el futuro en problemas sociales y de marginalidad.
La presidenta del Consejo Escolar ha afirmado que los niños quieren la educación presencial y ha defendido su importancia, porque los centros educativos son esenciales para la sociabilidad.
Además, ha elogiado el ejemplo de esfuerzo y compromiso de toda la comunidad educativa para afrontar la incertidumbre de esta crisis y para suplir las carencias que se van encontrando.
Álvarez Martín ha hablado también de los efectos “dolorosos” y perjudiciales para la educación y para la convivencia familiar en los casos de confinamientos por discapacidad.
En el caso de los menores inmigrantes acogidos en Canarias, ha defendido su derecho a la educación, que es un derecho humano universal, y su integración en los centros educativos, una posibilidad de convivencia que ayuda a la transmisión de valores positivos que frenen los brotes de xenofobia y racismo.
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