Los problemas históricos lastran la ley de cooperativas que ultima Canarias

El pasado 28 de octubre el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias. La norma será elevada al Parlamento para su ratificación y el Archipiélago dejará de ser la única autonomía de España que carecía de esa regulación propia. Con este documento, en las Islas se podrán crear este tipo de entidades con un mínimo de dos socios, en lugar de tres, se simplifican los trámites en los procesos de constitución o precisa el modelo interno de funcionamiento.

Pero a efectos prácticos, tener una norma autonómica o continuar con la estatal no supone un gran cambio, tal y como explica el vicepresidente de la Asociación de Economía Social de Canarias (Asescan), Carlos Sierra. En este sentido, espera que con la nueva regulación el Gobierno regional apueste y fomente este modelo de organización empresarial, ya que “ha habido poco apoyo a las cooperativas”. De hecho, el texto pretende que estas sociedades “se constituyan en un instrumento fundamental para el desarrollo económico de Canarias”.

En total, según datos de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias hasta el segundo trimestre de 2020, hay 222 cooperativas dadas de alta en la Seguridad Social: 120 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 102 en Las Palmas. Por sectores, en el comercio y la hostelería es donde existen más sociedades de este tipo (37,2%), seguidos de las actividades profesionales y servicios auxiliares (14,2%) y, por último, la agricultura, ganadería y pesca (12,7%). En total, hay 4.435 personas trabajando en cooperativas.

Estas cifras están muy lejos a las de, por ejemplo, el País Vasco, donde existen más de 3.000 empresas cooperativas, según datos del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi hasta agosto de este año. De hecho, en 1956 nació Mondragón, una empresa impulsada por un sacerdote y creada por trabajadores bajo la idea de democracia obrera. Hoy, el grupo cooperativo está integrado por 96 sociedades autónomas, tiene más de 81.000 empleados y está presente en los cinco continentes.

Jaime Cabrera, socio de Asescan y uno de los fundadores de la Cooperativa de Economistas Canarios (Coecan), explica que, en el País Vasco, pero también en Andalucía o Murcia, “existe una colaboración total entre el movimiento cooperativista y las asesorías a los emprendedores”, pues detectan cuando un proyecto se puede canalizar por esta vía. “Por eso en Murcia se crean al año en torno a 100 cooperativas, mientras que en Canarias se fundan 7 u 8 cooperativas de trabajo asociado anuales”.

Cabrera detalla que en las cooperativas de trabajo asociado los miembros comparten instalaciones en las que se ven cada día, conviven, trabajan y dependen de sus decisiones colectivas “para la buena marcha de la empresa”; además, puede tener un “mejor trato fiscal o mejores líneas de subvenciones”. Sin embargo, tradicionalmente Canarias ha adolecido de esta cultura asociativa y “es difícil porque muchas veces no estamos preparados para compartir y desarrollar proyectos con otras personas y surgen los protagonismos”.

“Se quieren hacer cooperativas, pero no se quiere integrar a trabajadores como socios. Y es porque no se quiere ceder el control de la empresa a los que se van incorporando. Tal vez es porque no existe ese espíritu fraternal”, añade el socio fundador de Coecan, que lleva más de 35 años prestando asesoría fiscal a empresas, especializado en sociedades de economía social.

Tipos de cooperativas

Las cooperativas son sociedades de economía social constituidas por personas físicas o jurídicas que deciden asociarse y se estructuran de forma democrática, es decir, bajo la regla de un miembro un voto, a diferencia de las entidades de accionistas, donde se toman decisiones en base al capital de cada integrante. Su objetivo no es solamente el afán de lucro, también prioriza maximizar el servicio y la satisfacción del cliente, tal y como recoge la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).

En este sentido, existe una serie de subtipos de cooperativas, como las de trabajo asociado, que persiguen proporcionar a sus socios puestos de trabajo, como puede ser la cooperativa de enseñanza de Colegio Echeyde, que cuenta con varios centros escolares en Tenerife en los que los socios son los propios profesores.

La norma también regula las cooperativas de consumidores y usuarios, cuya finalidad es suministrar bienes y servicios a sus socios. Como ejemplo, en el sector energético la cooperativa catalana de consumo Som Energía tiene grupos locales en tres islas en las que ofrece formación sobre el sistema eléctrico o la factura de la luz, el autoconsumo y la comercialización. También el proyecto ciudadano y cooperativo La Palma Renovable, que persigue la creación de la primera comunidad energética insular de Canarias.

En vivienda, las cooperativas buscan que los socios puedan adquirir casas ya construidas o terrenos para edificar; en las Islas están surgiendo sociedades enfocadas al Cohousing que van más allá, pues no solo tiene como objetivo facilitar residencias a personas mayores, sino que se encarga de gestionar el propio espacio.

Las cajas rurales son ejemplos de las cooperativas de crédito, que persiguen responder a las necesidades financieras de sus socios; en las cooperativas transportistas formadas por taxistas, sus socios obtienen radios, carburante o repuestos; y en las cooperativas del mar de cofradías de pescadores, sus miembros se reúnen, comparten suministros, comercialización y una representación para interlocutar con distintas administraciones.

Cabrera interpreta que las cooperativas, como cualquier otra sociedad, “tiene sus pros y sus contras”; “puede tener más ventajas, pero también es más exigente”. Para fomentar este tipo de sociedades, considera que se debe promover desde la educación. “Cuando los planes de estudio se expliquen este tipo de entidades, habremos avanzado mucho. Pero la realidad es que en la universidad no se estudia esta forma jurídica. Y lo que se desconoce, difícilmente se practica”, concluye.