Prodeni llevará a la Fiscalía el uso ''desmedido'' de fuerzas de seguridad para custodiar a 'Piedad'
La Asociación para los Derechos del Niño Prodeni denunciará ante la Fiscalía General del Estado y presentará una queja al Ministerio del Interior “por la desmedida utilización de fuerzas de seguridad” para custodiar a la niña de 5 años Piedad en la clínica en la que fue hospitalizada.
Prodeni señala en un comunicado que le ha llenado “de vergüenza e indignación” el hecho de que, en su opinión, varios agentes de la Guardia Civil acudieron este jueves a la habitación de la clínica donde estaba hospitalizada la niña, que sufrió una crisis epiléptica de la que ya ha sido dada de alta.
Según Prodeni, la Fiscalía de Canarias “ha dejado mucho que desear al no haber amparado a Piedad, ni siquiera en sus horas más bajas cuando estaba ingresada en la clínica”.
Asegura que también va a pedir que se instruya una querella contra los magistrados de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas por presunto maltrato a la menor y “una masiva vulneración de derechos, al haberla convertido en mero objeto de litigio”.
Prodeni expresa además su intención de comunicar al Fiscal General del Estado que Piedad “en comparación con De Juana Chaos, ha salido también perjudicada”.
Añade que comenzará una campaña con el título “Piedad no tiene derechos”, pues “ha sido privada de su familia, de su hogar, de sus objetos personales y de su particular paisaje en contra de su voluntad” y en contra del criterio médico y profesional “que hasta la saciedad se ha pronunciado”.
El Cabildo expresa su preocupación por la situación de la menor
Por su parte, el Cabildo de Gran Canaria ha emitido un comunicado firmado por sus técnicos de Menores y por la responsable de Asuntos Sociales, Salud Gil, para manifestar su preocupación por la niña Piedad y piden que se eviten casos “que puedan suponer una vulneración” de los derechos de los niños.
La niña conocida como Piedad tiene cinco años y debe ingresar en un centro de acogida de Gran Canaria para ser aproximada a su madre biológica, pero al conocer que debe abandonar su hogar preadoptivo ha sufrido una crisis de epilepsia y se encuentra ingresada en un hospital.
El Cabildo ha hecho pública su posición institucional porque le “preocupa seriamente” las repercusiones del posible ingreso de la niña en uno de sus centros tanto sobre su salud como sobre el sistema de protección de los menores en general.
Tras realizar una valoración de las circunstancias que rodean este caso, el Cabildo detalla que las instituciones que tienen la guarda o tutela de menores deben buscar su reintegración en familias, pues los ingresos deben tener carácter temporal y se deben evitar las interferencias innecesarias en la vida escolar y social de los afectados.
A su juicio, los menores no son simples beneficiarios pasivos de la intervención administrativa, sino que ante todo son personas, subraya.
Asimismo, explica que en los últimos meses el Cabildo ha tenido que asumir nuevamente la guarda de menores que tuvieron que ser entregados tras meses o años en el seno de una familia de acogida por órdenes judiciales que establecían el acercamiento con los padres biológicos.
La institución insular cuestiona la interpretación que se ha realizado de los informes del equipo técnico que recomendó que la niña Piedad pasara de un acogimiento residencial a uno de carácter familiar preadoptivo.
La situación, por otra parte, genera dudas en las familias solicitantes de adopción o acogida y se preguntan si vale la pena correr el riesgo de acabar en una tesitura similar a la que rodea a Piedad.
Ello haría, prosigue, que se incrementara el acogimiento residencial frente al preadoptivo, lo que provocaría masificación, cronificación de los casos y vuelta a las fórmulas caritativas y benefactoras.
El Cabildo advierte que el caso de Piedad no es aislado, sino que puede tener carácter continuo para menores cuya única alternativa de futuro es ser acogido por una familia ajena.
La institución insular concluye que “sería preciso evitar, en la medida de lo posible, que situaciones como la de la menor Piedad u otros menores, que puedan encontrarse en circunstancias similares, puedan suponer una vulneración de sus derechos”.
El escrito ha sido enviado al Diputado del Común, a la Dirección General del Menor, al Parlamento de Canarias, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y a la Fiscalía de Protección de Menores.
