Profesionales forestales y agrarios cuestionan el anteproyecto de la Ley canaria de Montes

Los colegios profesionales forestales y agrarios de Canarias han cuestionado este jueves el anteproyecto de Ley de Montes del archipiélago, cuyo contenido sostienen que “genera inseguridad jurídica, dificulta la recuperación de suelos agrícolas tradicionales y compromete la creación de un paisaje eficaz para la prevención de grandes incendios”.

Por esta razón han presentado alegaciones conjuntas al documento, con el objetivo de que se elabore “una norma que proteja el monte sin dar la espalda al sector primario y a la población que vive y trabaja en el territorio”, destacan.

Dichas alegaciones han sido suscritas conjuntamente por el Colegio de Ingenieros Agrícolas de Las Palmas, el Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales de Canarias y el Colegio de Ingenieros de Montes de Canarias, en nombre de más de 800 técnicos y expertos de las islas.

Cabe recordar que este proyecto de ley también ha recibido críticas por parte de la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria (Union de Asociaciones) y alegaciones desde Izquierda Unida.

Se trata de profesionales cuya “preocupación principal -refiere la nota- es que el texto, tal y como está redactado, se inclina hacia un modelo excesivamente conservacionista y muy centralizado, que puede generar inseguridad jurídica y aumentar el conflicto con propietarios, agricultores y ganaderos”, algo que critican aduciendo que “el sector primario aporta servicios ecosistémicos esenciales y, sin su implicación, será muy difícil mantener paisajes en mosaico, más resilientes frente al fuego y más sostenibles en el tiempo”.

Los firmantes alegan que “mantener el territorio activo —con cultivos, pastos, ganadería extensiva y aprovechamientos tradicionales— reduce la continuidad del combustible vegetal y actúa como barrera natural frente a los grandes incendios”. Por eso, proponen que la ley reconozca expresamente el pastoreo prescrito como servicio ambiental, de forma que los ganaderos puedan colaborar “de manera profesional y estable en la reducción de combustible en zonas estratégicas”.

Además, reclaman que la soberanía alimentaria de Canarias se incorpore como principio de la política forestal, de modo que la protección del monte no dificulte recuperar bancales, suelos agrícolas históricos ni proyectos de agricultura local.

Los colegios profesionales apuntan que otro eje de sus alegaciones es el modelo de gobernanza esbozado en el anteproyecto, cuestionado por el hecho de que “concentre demasiadas decisiones en el Gobierno y los cabildos, mientras que la participación social y de los propietarios se canaliza casi exclusivamente a través de un comité técnico consultivo, cuya composición se deja para un desarrollo posterior”.

Así mismo, reclaman reforzar la Oficina Técnica Forestal como ventanilla de apoyo al propietario, con modelos tipo, tramitación simplificada y asesoramiento para la gestión forestal sostenible y los acuerdos de servicios ecosistémicos.

Y señalan que comparten la idea de que los montes cumplen una función social y que la ley debe garantizar su conservación, protección y mejora, pero que, “sin embargo, consideran que no se puede seguir cargando sobre los propietarios obligaciones intensas de prevención de incendios, lucha contra la desertificación o elaboración de instrumentos de gestión sin asegurar mecanismos de compensación claros y exigibles”.

Los firmantes explican que han propuesto que, cuando las obligaciones o limitaciones superen el deber general de conservación, la ley establezca que las administraciones “deberán” —y no solo “podrán”— activar instrumentos de compensación o pagos por servicios ecosistémicos“.

Como conclusión, afirman que “Canarias se juega mucho con esta Ley de Montes”, pues “de su diseño dependerá que el territorio cuente con una herramienta eficaz frente a incendios y cambio climático o que se añada ”una piedra más en el camino“ a quienes cuidan de los montes y del paisaje agrario”.

Por todo ello, piden aprovechar el trámite parlamentario para hacer un texto “más participativo, menos burocrático y capaz de alinear conservación, desarrollo rural y soberanía alimentaria”.