Las protestas en Sanidad se intensificarán
La reunión que la directora del Servicio Canario de la Salud (SCS), Juana María Reyes, mantuvo con Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), la coalición sindical de médicos y enfermeros Cemsatse y el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), integrantes del comité de huelga, reveló, a juici de los sindicatos, la “nula disposición de la Administración a alterar sus planes de reducción de plantilla en el Servicio”, por lo que se mantienen e, incluso, intensifican las movilizaciones en la sanidad canaria “como consecuencia de esta imposibilidad de encauzar el conflicto por vías racionales”.
Tras la reunión, anuncian que “no queda más remedio que mantener e incluso intensificar las medidas de presión programadas”. Por tal motivo, notifican que, con independencia de nuevas y más contundentes medidas, se mantiene definitivamente la huelga del 17 de diciembre, que se acompañará de concentraciones en todos los centros de trabajo del SCS ese mismo día, a las 11.30 horas, y de sendas manifestaciones en ambas capitales canarias a las 18.00 horas.
El recorrido será, en Las Palmas de Gran Canaria, desde el parque San Telmo hasta Presidencia del Gobierno de Canarias, mientras que en Santa Cruz de Tenerife partirá desde el Parque García Sanabria y culminará en Presidencia del Gobierno de Canarias.
Tras más de dos horas de reunión, los sindicatos constataron que la disminución presupuestaria de 50 millones de euros para personal sanitario “se da como un hecho por parte del Gobierno, sin admitir a este respecto ningún tipo de alteración negociada”.
Además, según exponen en un comunicado, de esos 50 millones de euros en que se reduce la dotación para la plantilla del SCS, 20 millones corresponden al incremento de jornada, ocho a la eliminación de los planes especiales de tarde y dos millones a guardias médicas. Los 20 millones restantes no se detallaron en programas específicos debido a que, según la Administración, se obtienen de muchos “ajustes menudos” de racionalización del gasto.
Centrados en los 20 millones de euros de ahorro que supone el incremento de jornada, consecuencia de prescindir de, según calculan, unos 1.300 trabajadores que ahora mismo se encuentran en activo en el Servicio, resultó “de todo punto imposible lograr que la Administración desistiera de este brutal recorte de plantilla y la caída en picado de la calidad asistencial que lleva aparejada, a pesar de las múltiples propuestas que desde la parte sindical se hicieron para someter esta medida a un proceso negociador sin condiciones previas”.
Aseguran que desde el primer momento se les puso como condición que la negociación, en caso de producirse, debía finalizar como muy tarde el 12 de diciembre de este año, último día del plazo para presentar enmiendas parciales a la Ley Presupuestaria, y debía consistir en la sustitución de unos recortes por otros de la misma cuantía económica, pero “siempre dentro del capítulo de personal”, afirman. En otras palabras, aseguran que fue “una pseudonegociación de apenas un mes y sin posibilidad de introducir criterios de ahorro que no incidan en la plantilla, un verdadero despropósito”.
