Publicada la lista de solicitantes que cobrarán este año la ayuda de la hipoteca joven
El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado la lista de los solicitantes que cobrarán este año la ayuda de la hipoteca joven que, por un importe de 2.937.000 euros, subvencionará a quienes cumplieron los requisitos y no la percibieron por falta de disponibilidad presupuestaria.
Con esta resolución, la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias ha comunicado este martes que pagará un tercio del total de solicitantes que siguen cumpliendo los requisitos.
En concreto, de los 875 jóvenes que cumplían en el año 2014 se pagarán a 289, mientras que el resto quedará pendiente para las próximas convocatorias, como negoció la Consejería con los solicitantes.
El Instituto Canario de la Vivienda tiene previsto publicar la segunda convocatoria de subvenciones para continuar con los pagos pendientes durante el primer trimestre de 2015.
Según las bases, podrían solicitar la subvención los jóvenes que pidieron esta ayuda complementaria para la compra de la vivienda entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012, y no se hubieran concedido por falta de presupuesto.
Entre los requisitos se requería que el solicitante siguiera siendo titular de la vivienda, estar al corriente del pago hipotecario y cumplir con lo que se exigía en el momento de la presentación de la subvención inicial.
La Hipoteca Joven fue creada por el Gobierno de Canarias en el año 2001 y, desde entonces, se han realizado 29.415 compras de primera vivienda con ese producto.
En el año 2007 se implantó una ayuda complementaria a la compra, primero como una convocatoria anual y después, en 2009, en el marco del Plan de Vivienda 2009-2012, otra partida presupuestaria plurianual.
Ante la recesión económica, el Ejecutivo regional optó por priorizar las ayudas a las personas más desfavorecidas y en especial el alquiler a las familias en riesgo de exclusión por carecer de una vivienda, por lo que se eliminó esta línea de subvenciones a la compra en el mercado libre.
Al agotarse el crédito presupuestario, las personas que la habían solicitado y no contaban con una resolución favorable no la podrían cobrar, pero la Consejería, a pesar de que por ley no tenían derecho, decidió atenderlas y les propuso el pago aplazado.
