La salud pública ''no es un producto comercial''

La Plataforma Canaria por los Derechos Humanos de las Personas Migrantes ha mostrado este jueves su rechazo ante las disposiciones establecidas por el Real Decreto 16/2012 por el cual los inmigrantes en situación de irregularidad administrativa, van a verse desatendidos a partir del próximo 1 de septiembre, afirmando que la salud pública “no es un producto comercial” que pueda privatizarse.

La organización, que congrega a colectivos como Médicos del Mundo, asociaciones de inmigrantes y sindicatos, ha exigido la derogación del decreto, y ha pedido una respuesta contundente y clara por parte del Gobierno de Canarias sobre cómo va a poner en marcha dicha norma jurídica.

Con el fin de hacer llegar este mensaje ante las autoridades, la plataforma ha anunciado que realizará una concentración ante la Delegación de Gobierno el próximo sábado, 1 de septiembre, a las 12.30 horas.

El secretario de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC) y enfermero del Servicio Canario de Salud, Teodoro Bondyale, ha concretado también que el decreto viola el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el Artículo 43 de la Constitución Española, por el cual se especifica el derecho al acceso al servicio sanitario de toda la población.

Asimismo, ha asegurado que esta medida pone en peligro la vida de “miles de personas” y se ha justificado con un discurso “xenófobo y falso” de que la población inmigrante en situación irregular “es una carga” para la Sanidad Pública, “cuando se ha comprobado que su aporte a la financiación sanitaria es mayor al coste que genera”, ha informado en rueda de prensa.

Por su parte, la portavoz de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España, Mercy Yañez, ha señalado que esta situación a la que se enfrentan los inmigrantes mayores de 18 años a partir de septiembre es un preámbulo para la “inminente” privatización de la Sanidad y de la Educación “que también afectará a la población nativa”.

No supondrá un ahorro de costes

En referencia al ahorro que desde la Administración estatal se prevé conseguir con la aplicación de este decreto, ha dicho que “no va a producirse”, ya que si un sector de la población no se vacuna para prevenir enfermedades infecciosas, como puede ser el caso de una simple gripe, se configurará como un nicho de riesgo que podrá transmitir dichas afecciones al resto de la población.

En este contexto, también ha señalado que el diagnóstico y tratamiento “a tiempo” de enfermedades graves evitaría intervenciones posteriores que, debido a la mayor complicación de la afección, generarían “un mayor coste”.

Por este motivo, ha exigido la derogación decreto ley y ha emitido un llamamiento a la población, y en concreto a los profesionales sanitarios, a que ejerza la desobediencia civil ante normas “injustas y contrarias a los Derechos Humanos.

Yo sí atiendo

Bondyale ha explicado que el decreto vulnera del derecho del profesional de la Salud a cumplir con el Código Deontológico por el cual se ha comprometido a auxiliar a todas las personas, “un logro que ha conseguido este país y no puede permitirse el lujo de perder”.

Por este motivo, la coordinadora técnica de Médicos del Mundo en Canarias, Elena Cáceres, ha anunciado la puesta en marcha de la campaña Derecho a curar, por la que la organización hace un llamamiento a los profesionales médicos que quieran atenerse al derecho de objeción, un amparo profesional que se basa en el cumplimiento del Código Deontológico y en el derecho a la salud, y al que ya se han atenido 216 médicos y enfermeros de Canarias.

Asimismo, ha anunciado que la plataforma 'Yo sí atiendo', está promoviendo la firma del documento de objeción, que se entregará de formalmente en los Colegios de Médicos, en la Consejería de Sanidad, en la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria y en las gerencias y oficinas de los Centros de Salud.

Posición del Gobierno de Canarias

La plataforma ha exigido al Ejecutivo autonómico que de una contestación “clara” sobre cómo va a poner en práctica el Real Decreto, considerando que la opinión “sesgada” que hasta el momento ha dado el Gobierno canario induce “a error, a interpretaciones y a bulos”.

En esta línea, han considerado que el colectivo se encuentra ante una situación de incertidumbre al desconocer cómo se va a organizar la atención sanitaria a los inmigrantes indocumentados, ya que diferentes fuentes han afirmado que algunos casos y patologías sí serán atendidos por los servicios de sanidad públicos.

Finalmente, han pedido a la Administración regional que se una a las comunidades autónomas de Andalucía, País Vasco, Cataluña y Castilla y León, que han mostrado su rechazo a la norma jurídica.