Sanidad retrasa otra vez la adjudicación del concurso de ambulancias en Gran Canaria y Tenerife
La empresa pública Gestión de Servicios para la Salud en Canarias ha retrasado otra vez la adjudicación del concurso de ambulancias en Gran Canaria y Tenerife, al anunciar este lunes que prorroga la fecha prevista para la apertura del sobre número 2, que contiene las ofertas económicas de las empresas licitadoras, fijada para el 27 de mayo para los vehículos de transporte sanitario tipo B y C y el 29 del mismo mes para las de tipo A2 (Urgente).
GSC ha publicado el 20 de mayo en la Plataforma de Contratación del Sector Público los dos documentos referentes a cada lote, indicando que “se suspende el acto mencionado” y anunciando que “próximamente se publicará una nueva nota informativa con la fecha y hora de celebración de dicho acto de apertura”.
La convocatoria del concurso de ambulancias, publicada el 28 de enero, establecía que la apertura de los sobres tendría lugar en marzo, pero ese mismo mes, GSC cambió el anuncio de licitación, fijando unas fechas posteriores a la celebración de las elecciones autonómicas. Ahora, previsiblemente, será la administración que se forme tras los comicios la encargada de llevar a cabo dicho trámite, previo a conocer a la adjudicataria de un procedimiento que llega, como mínimo, con cuatro años de retraso, pues el concurso vigente está vencido, con prórrogas incluidas, desde 2015.
Y el procedimiento, en los cuatros meses que lleva anunciado, ha sido recurrido, aplazado, anulado, e incluso, el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, ha sido denunciado por una de las empresas licitadoras. De hecho, recientemente GSC ha vuelto a prorrogar uno de los lotes, en concreto, para el transporte sanitario terrestre en las islas no capitalinas, pues será el 11 de julio cuando se realice la apertura de los sobres, después de que un error de la empresa pública haya obligado a reiniciar ese procedimiento hasta el momento de la presentación de ofertas, aplazando la fecha límite del 6 de mayo al 20 de junio.
GSC ha dicho que “por el momento” no explicarán por qué ha decidido aplazar nuevamente la apertura del sobre número dos en el concurso de ambulancias en las islas capitalinas.
Silencio del Tribunal Administrativo de Contratación Pública
La empresa Aeromédica, que lleva más de una década prestando servicios de transporte sanitario en el Archipiélago, y el sindicato UGT recurrieron el concurso de ambulancias en febrero y marzo, respectivamente. A pesar de que la Ley de Contratos del Sector Público establece, en su artículo 49.2, que, ante la solicitud de medidas cautelares, el órgano competente debe adoptar alguna decisión “dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación del escrito”, aún no se ha pronunciado.
Si el Tribunal de Contratos Públicos de Canarias aceptara a trámite el recurso, el concurso se paralizaría o, como mínimo, se ralentizaría aún más. Ante este panorama, tanto el sindicato UGT como el PSOE han reclamado la paralización del concurso y dejar al próximo Ejecutivo dicha tarea, pero Baltar se ha empeñado en sacar adelante este procedimiento.
Además, dado que el retraso con el que llega el concurso, el Gobierno regional se ha visto obligado a publicar de manera urgente un decreto que ha aumentado la vida útil de las ambulancias de 10 a 12 años, al reconocer que la mayoría de estos vehículos han cumplido el límite de antigüedad fijado desde 2012, y así evitar un escenario de “gravísimas consecuencias”, pues Canarias se veía abocada a perder el 40% de la flota del transporte sanitario terrestre.
Esta ampliación del límite de antigüedad de los vehículos de transporte sanitario terrestre ha convertido a Canarias “en el cementerio de ambulancias de toda España” según afirmado Iván Amador, responsable del área de ambulancias de UGT en las Islas, puesto que las empresas que prestan este servicio en otras comunidades autónomas, cuando vence la vida útil establecida en sus territorios, “fletan contenedores y las traen” al Archipiélago.
“El transporte sanitario ha seguido y seguirá precarizado en el tiempo por la mala gestión y empecinamiento de este Gobierno de no internalizar un servicio público”, ha dicho Amador, cuya propuesta fue debatida en el Parlamento regional, donde se acordó, en una sesión celebrada el 21 de marzo, supeditar la desprivatización del servicio del transporte sanitario terrestre a informes jurídicos y económicos.
