Los sindicatos de empleados públicos piden al Gobierno canario que regule el teletrabajo

Los sindicatos que conforman la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos han pedido al Gobierno de Canarias que sea “valiente” y apruebe el decreto que regule el teletrabajo, sin dejarse “amedrentar por las presiones infundadas de determinados empresarios”.

En un comunicado conjunto, los sindicatos CSIF-Canarias, UGT, CCOO, IC y Sepca consideran que “es hora de acallar a quienes lanzan soflamas contra el teletrabajo” y piden al Ejecutivo autonómico que “sea fiel” a lo que manifestó en su momento en cuanto a que esta práctica laboral “ha venido para quedarse”.

El teletrabajo, como modalidad de prestación de servicios a distancia, es reconocido como un derecho de los empleados públicos por la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, a ejercer siempre que las necesidades del servicios lo permitan, añaden.

Los sindicatos recuerdan que el 14 de noviembre de 2022 se llevó el correspondiente proyecto de decreto a la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que dos días después fue informado por la Comisión de la Función Pública.

Desde esta última fecha, tal proyecto aún no ha sido tomado en consideración por el Gobierno de Canarias “y mucho nos tememos que ello obedece a las presiones ejercidas por determinados empresarios, que, olvidando que su regulación se ha de llevar a cabo según el mandato legal antes señalado, están instando al Gobierno que no se autorice el teletrabajo en la administración pública”, sostienen.

Ante manifestaciones de diversos colectivos empresariales, el Gobierno de Canarias, en lugar de defender que en la administración pública “se ha demostrado que el teletrabajo sí funciona, permite que se vilipendie dicha modalidad de trabajo y, por ende, a los empleados públicos que la desarrollan”, recriminan las fuerzas sindicales.

Por ello, reiteran al Gobierno regional que, “en lugar de dejarse amedrentar por presiones infundadas, pase a la acción, defendiendo el teletrabajo en la Administración” y a los empleados públicos que, circunstancialmente, lo han realizado y lo vienen realizando sin que ello haya supuesto merma en el servicio que prestan.

Esa defensa pasa “obligatoriamente por la aprobación inmediata del decreto que lo regule y, con ello, además, estará cumpliendo con lo que le ordena el Estatuto Básico del Empleado Público y demostrará que cuando lo llevó a negociación lo hizo de buena fe negocial, tal y como mandata dicha norma, pues no hay razón para postergar el teletrabajo en la administración autonómica cuando otras muchas ya lo tienen implantado”, sostienen.