Los sindicatos policiales de las Islas reclaman el “derecho” que permita la movilidad entre la Policía Canaria y la Nacional

El secretario general del Sindicato Unificado de Policía Nacional (SUP) en Canarias, José Luis Guedes Rodríguez, y el secretario general de la sección sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Policía Autonómica de Canarias, Francisco J. López Ruano, se han reunido este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria para abordar la actual situación de lo que se conoce como pasarela de ambos cuerpos policiales entre sí.

La cita se enmarca dentro de la campaña que, a nivel nacional, ha puesto en marcha por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO para “dar voz a los y las agentes de los distintos cuerpos de policía autonómica (Mossos d’Esquadra, Policía Foral, Ertzaintza y Cuerpo General de la Policía Canaria) que demandan la posibilidad de pasar a formar parte del Cuerpo Nacional de Policía”, una posibilidad que, recuerdan, está recogida en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, y que, a día de hoy, sigue sin reglamentarse.

En esa disposición se indica que los policías de las comunidades autónomas podrán ingresar en la Policía Nacional, en la escala y categoría equivalente a la que ostenten en su cuerpo de procedencia siempre y cuando, eso sí, cumplan los requisitos generales exigidos en el artículo 26 y posean la titulación requerida para el acceso a cada escala.

Tanto CCOO como el SUP han apelado a sus respectivas directivas nacionales a que hagan lo propio y establezcan una posición común en la defensa de un derecho que, aseguran, “será bien recibido por los funcionarios y las funcionarias policiales de ámbito autonómico y nacional”.

Los dos sindicatos han recordado que “ya han pasado cinco años desde la aprobación de la norma sin que ésta se haya desarrollado”, y por ello han demandado al Ejecutivo central que dé los pasos necesarios y lleve a cabo el desarrollo reglamentario de la norma, para así “garantizar un derecho fundamental de estos empleados y empleadas públicos”.