El Supremo se pronunciará el 12 de marzo sobre el caso Canódromo
La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha fijado el 12 de marzo para la votación y fallo del recurso presentado por la asociación de vecinos de Las Palmas de Gran Canaria Avecalta contra la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia canario sobre el caso Canódromo, que en abril de 2012 desestimó la petición de los vecinos de anular el Plan Parcial aprobado por el ayuntamiento de la capital isleña en 2002 y que permitió la construcción de dos torres de viviendas en el antiguo canódromo de la ciudad.
Esa segunda sentencia de 2012 varió por completo el sentido de una primera, dictada cuatro años antes, que vino a dar la razón a los vecinos y anulaba el Plan Parcial, pero que recurrida ante el Supremo por la inmobiliaria Realia y el propio consistorio capitalino, fue devuelta al TSJC para que emitiera un fallo motivado, del que adolecía la primera de ellas.
Ese segundo fallo, que contó en 2012 con el voto particular discrepante de la magistrada Cristina Páez que ya desde entonces apuntó a “una desviación de poder” por parte del gobierno municipal del PP para beneficiar un interés particular en detrimento del interés general, como así estimó el propio TSJC en 2008, es sobre el quede dictar sentencia ahora el Tribunal Supremo, a petición de los vecinos de Ciudad Alta que no han cejado en su empeño de denunciar que en el caso Canódromo hubo un pelotazo.
El magistrado José Suay Rincón ha decidido abstenerse, por su amistad reconocida con el abogado de Realia Business.
Con las torres paralizadas hace años por la nulidad de las licencias de obra, el Canódromo ha sido el caso de presunta corrupción más sonado en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a lo largo de la última década, desde que con José Manuel Soria en la alcaldía (1995 - 2003) se iniciara una operación para recuperar esos terrenos de uso deportivo en la parte alta de la ciudad, y que acabó con un Plan Especial aprobado por su sucesora, Pepa Luzardo (2003 -2007), que dio cobertura a la construcción de dos torres de viviendas.
En 2002 el Ayuntamiento acordó el cambio de la parcela que hoy ocupa el parque del Canódromo, en Schamann, mediante un convenio urbanístico que se incorporó al Plan General vigente con la aprobación de un Plan especial. El convenio fue negociado entonces por el concejal de Urbanismo, el actual alcalde Juan José Cardona, siendo primer regidor José Manuel Soria, pero el Plan Especial se aprobó cuando ya era alcaldesa Pepa Luzardo.
El Plan aprobado permitía la permuta con Urbacan del antiguo Canódromo de Schamann a cambio de tres parcelas de suelo urbano, entre ellas la que sostienen las torres de 15 plantas a medio construir paralizadas desde 2008.
Por medio, las tasaciones realizadas por el ayuntamiento y el precio final de la adquisición de los terrenos a cambio de aprovechamientos urbanísticos para el comprador reportaron unos 9 millones de euros de beneficio para la mercantil Urbacan, con el pase que dio entre la compra a los propietarios y la venta inmediata a Realia, con unos beneficios de nueve millones de euros que los vecinos consideran que debieron ser para la ciudad y el interés general.
