Suspendido el juicio al alcalde de Arona

La Fiscalía ha secundado la petición del abogado de José Alberto González Reverón, alcalde de Arona por CC, para que la causa por prevaricación administrativa por la que debía ser juzgado este miércoles, se sume al conocido como el 'caso Arona', que sigue paralizado en la Audiencia Provincial. La juez anunció que resolvería mediante auto.

González Reverón, alcalde del municipio del sur de Tenerife desde 2003, y su ex concejal de Urbanismo, Manuel Barrios (CAN-CCN), están acusados de un delito de prevaricación administrativa, por la asignación de dos plazas de técnicos del área de Juventud sin cumplir los trámites legales, lo que se conoce como 'caso Enchufe'.

Ambas trabajadoras, María Rosa Ruiz Alcalde y Eva González Moscoso, están afiliadas a Coalición Canaria, y una de ellas, Moscoso que tiene el cargo de coordinadora de Juventud, incluso participó en la plancha del Coalición Canaria en las pasadas elecciones municipales.

Las dos técnicos lograron sus plazas a dedo en 2004, lo que fue denunciado por otros aspirantes, por lo que Función Pública recurrió ambos contratos. En 2007, el Ayuntamiento dijo reconocer su error y anunció que las dos contratadas ya no ejercían sus funciones, pero poco después salieron a concurso las plazas fijas, que de nuevo recayeron en las mismas personas.

En el juicio de este miércoles estaban citadas como testigos las dos empleadas supuestamente beneficiadas y los técnicos que hicieron posible sus contratos: Carmen Teresa Hernández Martín, jefa de Recursos Humanos; el interventor desde 2005 hasta la actualidad, Miguel Ángel Rojo Garnica, y José Javier Bethencourt Hernández, jefe del Servicio de Gestión Tributaria.

Aparece en las escuchas telefónicas al alcalde

El 'caso Enchufe' aparece en las conversaciones telefónicas que, en 2008, la Policía Judicial intervino a José Alberto González Reverón y a otros sospechosos durante la instrucción del 'caso Arona'. En varias llamadas telefónicas, el alcalde se refiere al ascenso de categoría de Eva González Moscoso, que era animadora sociocultural, al puesto de coordinadora, sin procedimiento previo, y le ofrece los servicios de su abogado, José Ramón Pitti. También se refiere a la adjudicación de puesto de “Rosi” (Ruiz Alcalde).

De acuerdo con el fiscal, la causa que hoy debía enjuiciarse en el juzgado de lo Penal 1 de Santa Cruz de Tenerife podría estar ligada al caso Arona, pendiente de que la sección VI de la Audiencia Provincial resuelva los recursos de apelación en contra de la petición de apertura juicio oral, pedida por el juez instructor Nelson Frías en julio pasado. Por ello, el representante del Ministerio público pidió la inhibición del juzgado.

“Hay una conexión subjetiva en cuanto al tipo penal, ya que las dos causas remiten de los mismos hechos y el mismo autor (González Reverón) está imputado en el mismo supuesto (prevaricación)”. El fiscal agregó que “si se lee el relato de hechos del auto (del juez Frías), el periodo de los hechos coincide con el periodo de esta comisión delictiva, por lo que se trata de delitos conexos que deberían entrar dentro del mismo procedimiento”.

Argumentó además que “las penas que podrían imponerse por la causa que aún sigue en procedimiento son muy superiores a las que podrían imponerse aquí, entre otras, hasta 10 años de inhabilitación para cargo público, pero prevalecería la sentencia de este juicio”.

Por ello pidió que se espere a que concluya la instrucción del caso Arona, lo que se espera que ocurra antes de verano.