Una juez sustituta de Tenerife desaparece con decenas de casos pendientes de sentencia
Nadie sabe dónde está, y lo que es peor, se desconocen su domicilio y datos de contacto. El caso es que la juez sustituta Pilar Huerta Sánchez, que entre 2009 y 2010 estuvo al frente del juzgado de lo Social número 1 de Santa Cruz de Tenerife, cesó en su cargo hace más de un año dejando sin dictar decenas de sentencias, y lo más grave, se llevó consigo los autos.
El pasado 20 de enero, los abogados Ignacio Cestau, Carlos Berastegui, Juan Eusebio Rodríguez Delgado, Cristina Edodey Coleto y Olivia Concepción Hernández remitieron al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) una queja contra la juez porque había transcurrido más de un año desde la celebración de varios juicios sin que sus clientes sepan aún el resultado de los mismos, y sin poder hacer valer sus derechos.
En la misma suplicaban al Tribunal que se averiguase el paradero de Huerta Sánchez y que se tomaran medidas para “atajar cuanto antes este gravísimo problema, que se ha creado con la actitud insensata e inconsciente de la señora juez”.
Los cinco abogados expusieron al CGPJ y al TSJC hasta 32 demandas que llegaron a ser enjuiciadas por Pilar Huerta Sánchez, la mayoría entre septiembre de 2009 y marzo de 2010. “Hoy por hoy, habiendo transcurrido más de un año desde la celebración de los juicios, no han sido dictadas las sentencias en dichos autos”, señalan los abogados en sus tres escritos al alto tribunal y al Poder Judicial, remitidos entre enero y marzo últimos, y a los que ha tenido acceso en exclusiva CANARIAS AHORA.
El plazo fijado para dictar sentencias en la jurisdicción Social es, en teoría, de cinco días.
Expediente abierto
El CGPJ comunicó el 2 de marzo al Fiscal General del Estado, al fiscal-jefe del Tribunal Superior en Canarias, Vicente Guerra, al TSJC y a los denunciantes la apertura de expediente disciplinario a la juez desaparecida. El instructor del expediente es el magistrado Jaime Borrás, y su secretario es Francisco José Rodríguez Morilla, que a su vez es secretario de la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, en Las Palmas de Gran Canaria.
El magistrado instructor también corrobora en el acuerdo por el que nombra a su secretario que la jueza está ilocalizable: “Desconociéndose el domicilio y datos de contacto de Doña Pilar Huerta Sánchez, se acuerda la investigación de domicilio a través de los soportes informáticos del Tribunal para lo que se solicita al Consejo General del Poder Judicial que aporte su DNI”, indicó el pasado 1 de abril.
Desde hace un año, la magistrada Victoria Rubio vuelve a ser la titular del juzgado de lo Social 1, que según relatan los denunciantes en su escrito de queja, también anda detrás de ella y de los expedientes.
“A mayor abundamiento”, dicen los abogados, “y solicitando explicaciones al juzgado de lo Social número 1, éste nos informa que la señora juez sustituta, en el momento en que cesó en su cargo, se llevo consigo los autos cuya resolución judicial se hallaba pendiente de dictarse, y por si fuera poco, se le ha intentado localizar por todos los medios al alcance del propio juzgado y han resultado infructuosos”.
¿Cómo se resarce a los perjudicados?
La pregunta que ahora se hacen los abogados denunciantes es de qué manera se va a resarcir a sus clientes del daño hecho por la juez fugada. Se niegan a que una persona que ha demostrado ser tan irresponsable “se atreva a dictar la sentencia al cabo de tanto tiempo”, por lo que se deberá de empezar de nuevo y repetir los juicios.
Con evidente preocupación, afirman en su escrito que “consideramos que es una acto de suprema irresponsabilidad la actitud de la señora juez, creando una situación insostenible a personas que están pendientes desde hace más de un año a que la misma se digne a dictar una sentencia, creando con ello un desequilibrio psíquico y emocional, debido a que estamos hablando de despidos, de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, reconocimientos de derechos, incapacidades permanentes absolutas y que el trabajador no sabe y no puede saber cuál es la calificación de su señoría”.
Es el caso de diez trabajadores de Iberia Lae S.A, que habían demandado a la empresa por el reconocimiento de derechos y cantidad, cuya vista se celebró el 24 de septiembre de 2009 y siguen a la espera de la sentencia.
También es el caso de una empleada que el 21 de octubre de ese año fue a juicio por despido improcedente, y el de un hombre que el 23 de diciembre de 2008 presentó demanda contra la Seguridad Social para que se le reconociera su derecho a una incapacidad permanente, cuyo juicio tuvo lugar el 5 de noviembre de 2009.
Estuvo como público en un juicio
Huerta, sin embargo, no está oculta, ni consta que haya sufrido un accidente, una intervención quirúrgica que le incapacite o haya sido secuestrada. Hace tres meses, cuando ya era buscada por el Poder Judicial, fue vista como público en un juicio en la misma sede de los juzgados de lo Social donde dicen no encontrarla.
El expediente abierto a Pilar Huerta presumiblemente acabará con sus posibilidades de volver a ser juez sustituta en cualquier juzgado español. Al no tener ganada la oposición es la máxima sanción que puede imponerle el Poder Judicial.
La Fiscalía del TSJC ha dado traslado a la sede de Santa Cruz de Tenerife para que abran diligencias por un delito contra la Administración Pública (infidelidad en la custodia de documentos) que se castiga con entre 1 y 4 años de cárcel.
