Dos tabacaleras canarias se libran de pagar el tratamiento de 135 enfermos
Las empresas JTI-Canarias y Tabacos de Canarias han visto como la Audiencia Nacional les libra de tener que desembolsar 1,7 millones de euros a la Junta de Andalucía, que reclamaba esta cantidad por los gastos generados tras tener que atender a 135 víctimas del tabaquismo.
La primera demanda civil fue interpuesta en el año 2002 contra un grupo de seis tabacaleras, de las que dos trabajan en Canarias. Las empresas se defendieron argumentando que se debía incluir al Estado entre los posibles responsables subsidiarios. El Juzgado de Madrid les dio la razón a la vez que advertía de que en caso contrario se negaba a seguir con la instrucción. Por ello, el Gobierno autónomo dio por agotada la vía civil y centró su batalla en la contencioso-administrativa.
Los pacientes habían sido tratados en la Red Pública sanitaria de Andalucía y más concretamente en los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío por cardiopatía isquémica, cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Las empresas que fueron objeto de la demanda controlan más del 90% del mercado del tabaco en Andalucía. Como base argumental el Gobierno andaluz aseguró que disponía de historias clínicas y análisis en los que se demostraba de forma irrefutable que las tabacaleras habían utilizado sustancias como el amoniaco con el fin de incrementar la dependencia entre los fumadores. Por aquellas fechas se calculaba que cada año morían en la Comunidad autónoma 10.000 personas a causa del tabaquismo.
Una sentencia anterior de la Audiencia Nacional exoneró al Estado de cualquier responsabilidad al considerar que el consumo de tabaco es una decisión que toman libremente los individuos. La batalla judicial despertó gran interés en cuanto podía sentar jurisprudencia y abrir la puerta a la petición de millonarias indemnizaciones.
En el año 2006 el Servicio Andaluz de Salud se opuso a las resoluciones emitidas por el ejecutivo central en las que declinaba tener culpa alguna, a lo que el Gobierno autónomo respondió asegurando que nunca habían pedido a la Administración que les resarciera económicamente. “En ninguno de nuestros escrito podrá encontrarse una sola petición al Estado de ser indemnizados patrimonialmente por daños”, se señaló entonces desde la Junta que siempre centró su batalla contra las tabacaleras.
Finalmente, se interpuso la demanda ante la Audiencia Nacional y en varias ocasiones se presentaron peticiones para que fueran reembolsadas las cantidades exigidas sin ningún éxito. La sentencia ahora emitida indica que “no procede” admitir la pretensión del ejecutivo autónomo al considerar que se había utilizado un cauce “inidóneo” para interponer la demanda. El único éxito que obtienen los demandantes de esta complicada batalla judicial es la anulación de una resolución del Ministerio de Defensa en la que se rechazaba la petición de indemnización.
