Una tinerfeña consigue borrar su rastro de Internet
Una tinerfeña ha conseguido que la Agencia Española para la Protección de Datos reconozca su derecho a que desaparezca de internet cualquier referencia a su persona. Esta vecina interpuso en el año 2010 una denuncia en contra del Boletín Oficial de Canarias (BOC) por haber publicado la sentencia de su divorcio con su hasta entonces esposa. Tras ponerse en contacto con los responsables de la publicación estos le aseguraron que iban a borrar cualquier referencia a su persona en los buscadores del Gobierno autónomo. Sin embargo, un año después la ciudadana optó por presentar una denuncia ante la Agencia al comprobar que seguía apareciendo su nombre en la red. Por su parte los responsables del BOC optaron por no presentar ninguna alegación a los requerimientos de la Agencia.
La ley de Protección de Datos contempla que cualquier ciudadano puede oponerse a que se hagan públicas referencias suyas siempe y cuando “existan motivos fundados y legítimos relativos a una situación concreta” como se trató de este caso o con fines comerciales. La Agencia considera que el BOC, “al utilizar como medio de publicación la edición electrónica está obligado a adoptar las medidas necesarias que impidan la divulgación de manera indiscriminada de los datos personales de terceros que puedan hacer valer sus derechos al verse perjudicados ante tal acceso generalizado y universal de la información por su captación a través de los buscadores de Internet”. Por ello, se obliga ahora a los responsables de la publicación a que hagan lo posible para que el nombre de la denunciante no aparezca más en los buscadores de internet.
En concreto, se ordena al BOC a que proceda a evitar la indexación con el nombre de esta ciudadana o lo que es lo mismo a bloquear “la elaboración de un índice que contenga de forma ordenada la información con la finalidad de obtener resultados de forma sustancialmente más rápida y relevante al momento de realizar una búsqueda”. Es por ello que la indexación está considerada “un elemento fundamental de elementos como los motores de búsqueda y las bases de datos” . Lo curioso de esta resolución de la Agencia es que podría provocar una aluvión de recursos por parte de personas que a partir de ahora se nieguen a que sus datos aparezcan publicados en la red. De hecho, los boletines oficiales suelen contener relaciones de miles de vecinos que mantienen deudas con las instituciones en las que se incluye su nombre o número de documento de identidad entre otros datos. Igualmente, se publica periódicamente el contenido de sentencias parecidas a la de la ahora denunciante.