Canarias vuelve al cole este lunes sin transporte escolar: las empresas del sector ratifican el paro patronal

Las empresas de transporte escolar han comunicado este sábado a la Consejería de Educación del Gobierno canario que mantendrán el paro anunciado para el lunes, que afectará a unos 37.000 estudiantes, pero que no interferirá en otros servicios complementarios como el de comedor.

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha lamentado en un comunicado que pese a haber aceptado todas las demandas de la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias (FET) estos mantengan su decisión de no prestar este servicio el día de la vuelta a clase tras las vacaciones.

Educación detalla que el segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de centros públicos suma más de 244.000 alumnos y alumnas.

Para solventar este problema, el equipo de gobierno de la Consejería ha mantenido una comunicación directa estos días con la FET desde el anuncio de esta medida, que tuvo lugar el día 5 de enero.

Sin embargo, se seguirán manteniendo conversaciones con las empresas de transporte para abordar este asunto, añade la Consejería.

Al tratarse de un paro de la patronal y no de una huelga, impide que se garanticen los servicios mínimos, añade la Consejería, que indica que dicha medida está prevista para una única jornada, la de este lunes.

La Consejería informa de que los centros educativos permanecerán abiertos para desarrollar su actividad habitual y que este paro no afectará a otros servicios complementarios como el comedor.

Asimismo, el departamento educativo destaca que la deuda histórica adquirida por gobiernos anteriores que reivindican los transportistas es un compromiso asumido por la Consejería de Educación, cuyas cuantías quedan establecidas en el presupuesto de 2023 con un incremento de 9 millones de euros respecto al ejercicio anterior.

En Canarias, en el presente curso escolar existen 1.486 rutas de transporte, lo que supone una inversión anual de más de 50 millones de euros para el Ejecutivo canario.