El TS 'pone en la picota' 800 viviendas de Güimar
El Tribunal Supremo (TS) ha dado marcha atrás en la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que había liberado a alrededor de 800 casas situadas en el municipio de Güímar de los efectos de la ley de Costas. El Supremo acaba de emitir una sentencia por medio de la cual anula el fallo del Tribunal canario que había determinado que los núcleos de Punta Prieta, La Puente, La Caleta y El Tablado tenían consideración de suelo urbano y por lo tanto el ancho de la zona de protección costera se reducía de 100 a 20 metros.
El TSJC había avalado así la decisión tomada en el año 2007 por la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que al igual que ocurrió en otros puntos de la isla del Archipiélago pretendía salvar a estos enclaves de los efectos de la ley estatal al declarar que tenían las características de urbanos antes de su entrada en vigor. Esto es que contaban con los servicios de alcantarillado, suministro de agua, acceso rodado, electricidad y urbanización consolidada antes del año 1988.
La sentencia a favor de los vecinos se basó en el error cometido por la Dirección General de Costas de haberse dirigido a la Consejería de Políica Territorial del Gobierno de Canarias y no a la Cotmac para solicitar la anulación del acuerdo tomado por este último organismo. Una equivocación que se intentó resolver presentando este recurso ante el Supremo que ahora ha ordenado que todo el proceso vuelva al principio y el TSJC se pronuncie de nuevo sobre la legalidad o no del acuerdo de la Cotmac declarando urbano estos enclaves. El Supremo considera que Costas ha sido víctima de “indefensión” al no haber podido reparar el error cometido ante el TSJC.
Esta nueva sentencia significa un varapalo para los vecinos de esta parte del litoral tinerfeño que hasta ahora habían visto como los tribunales se ponían de su lado a la hora de reconocer que tenían características de núcleos urbanos antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas. De hecho a finales del pasado año, el alcalde de Güímar, Rafael Yanes, anunció que el Supremo había reconocido que El Tablado tenía esta condición, volviendo así a obtener una servidumbre de protección de 20 metros, y no de 100 como pretendía la Dirección General de Costas.
El alcalde recordó entonces que las tres sentencias emitidas por la Audiencia Nacional y el TSJC en relación a este contencioso mantenido han sido favorables al Ayuntamiento, ratificando que El Tablado, La Caleta, Punta Prieta y La Puente son núcleos urbanos consolidados antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, respetando así lo establecido en el Plan General de Ordenación del municipio, “aprobado en 2005 con el informe favorable de la propia Dirección General de Costas”.
Sin embargo, ahora el Supremo ha dado marcha atrás al proceso y obliga al TSJC a que de nuevo se pronuncie sobre la misma cuestión lo que devolverá la incertidumbre a los propietarios de estas viviendas que por el momento se mantienen fuera de ordenación, con las limitaciones que este régimen urbanístico conlleva. La lucha de los vecinos de varios enclaves contra la Ley de Costas se desarrolla en dos frentes. Por un lado los residentes han recurrido los deslindes que se han ido fjando y por otro el organismo estatal intenta anular los acuerdos de la Cotmac que declaraba urbanos estos núcleos repartidos a lo largo de toda la isla como ocurre también con Igueste, Almáciga, Roque de Las Bodegas y Tachero.
