El TSJ de Madrid declara prescrita la sanción a Camero
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado prescrita la sanción que impuso el Ministerio de Administraciones Públicas en enero de 2004 el ex secretario municipal de Arrecife, Felipe Fernández Camero. El Ministerio destituyó a Camero como secretario municipal de la capital lanzaroteña y le sancionó a no poder obtener nuevo destino en un plazo de seis meses.
Fernández Camero recurrió esa decisión ministerial ante el Juzgado central de lo contencioso administrativo, que suspendió cautelarmente la ejecución de la sanción, pero posteriormente dio la razón al Ministerio, confirmando la sanción, que adquirió firmeza por sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de febrero de 2005. Trece días después, el ex secretario pidió la excedencia, que le fue concedida por el Ministerio.
La sanción se produjo por dos faltas: una grave y muy grande, ya que Camero ejercía como abogado particular sin el permiso del pleno y ostentaba cargos en dos empresas, Aparcamiento Islas Canarias y Lanzarote de Cable, de las que también formaba parte el Ayuntamiento y que eran incompatibles con su función de secretario. Gracias a su intervención se concedió la licencia al parking Isla Canarias, que luego fue anulada por los tribunales.
En el año 2009, Camero solicitó la prescripción de la sanción ante la Dirección General de Cooperación Local del Ministerio de Política Territorial, y le fue denegada. Este organismo consideró que no aún se ha había ejecutado la sanción, ya que se encontraba en excedencia, y que se debía ejecutar cuando terminara su periodo de excedencia y su reingreso.
Camero recurrió ante la Justicia esa resolución ministerial, y hace unos meses, en junio de este año, el TSJ de Madrid le dio la razón, declarando prescrita la sanción por haber transcurrido tres años desde que adquirió firmeza, considerando irrelevantes el resto de circunstancias del caso.
El fallo del TSJM dice que el Ministerio debió denegar la excedencia a Camero “al ser dicha solicitud claramente en fraude de ley, con fundamento en el artículo 16.5 del Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado (?), que establece que la excedencia voluntaria por interés particular no podrá declararse a solicitud del funcionario cuando al mismo se le instruya expediente disciplinario”.
Imputaciones
Además de su cargo como secretario municipal, que ejerció entre 1976 y 2004, Camero ha sido o es el abogado de la mayoría de los ayuntamientos de la Isla y de políticos, empresarios o funcionarios relevantes implicados en casos de corrupción, como Juan Francisco Rosa, María Isabel Déniz o Rafael Arrocha, imputados en el caso Unión. En este caso, el propio Camero también está imputado, y fue detenido. También está imputado en la causa penal abierta por los hoteles ilegales en Playa Blanca. El despacho de Camero ejercía como abogado del Ayuntamiento de Yaiza y defensor de los promotores con licencias anuladas.
