UGT critica la externalización de servicios en la empresa del 1-1-2 en Canarias  

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha criticado la política de externalización de servicios de la empresa pública Gestión para la Salud y la Seguridad (GSC) en Canarias, que tiene, entre otras, la encomienda del Gobierno regional de gestionar la sala operativa de emergencias, el 1-1-2, y el transporte sanitario.

El sindicato ha emitido un comunicado después de que se conociera el retraso en el pago a los trabajadores de la empresa Grupo Norte, que desde 2017 presta, a través de una adjudicación, el servicio esencial de asistencia telefónica en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno canario.

A raíz de esta situación, el sindicato ha denunciado que GSC vulnera con estas externalizaciones el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores. Según el responsable de transporte sanitario de UGT, Iván Amador, el hecho de que esta sociedad pública derive la responsabilidad a empresas privadas cuando es quien ostenta la encomienda de gestión del Ejecutivo regional desvela “los intereses privados” que se esconden tras estos servicios esenciales.

Amador recuerda que GSC ya ha recibido sentencias que reconocen que los trabajadores subcontratados tienen un vínculo laboral con una empresa que, en opinión del responsable de transporte sanitario del sindicato, “los cede ilegalmente a una adjudicataria”.

Desde la central remarcan que GSC es la empresa pública que realiza las encomiendas propias del Servicio Canario de Salud (SCS) y que, a su vez, “delega los servicios mediante licitaciones públicas” en los que los trabajadores tienen unas condiciones laborales “precarias e inferiores” a la de la contratista.

El sindicato defiende que lleva meses denunciando esta situación y que la ya exconsejera, Teresa Cruz, se había comprometido a internalizar “ya no solo el servicio del transporte sanitario, sino los que dependieran de la propia empresa principal”. Iván Amador subraya que los primeros en denunciar fueron los enfermeros que ejercían como “falsos autónomos” en las ambulancias y que la justicia les reconoció la laboralidad.

Para UGT, servicios como el de los operadores de demandas o el transporte sanitario deben ser prestados directamente por GSC. Sin embargo, el Ejecutivo regional está abogando por “unos modelos de gestión más caros y avalados por una casta política que no vela por principios de calidad, eficiencia o eficacia”. La central incide en que, en algunos casos, se trata de licitaciones de más de 420 millones de euros y con un beneficio industrial para las empresas adjudicatarias de hasta el 30%.