Cada vez más canarios creen que residen en viviendas inadecuadas: este es el porqué

Canarias es consciente de que padece una enfermedad prácticamente crónica desde hace décadas: la emancipación en el Archipiélago es residual. Según el último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud, el porcentaje de jóvenes de entre 16 y 29 años independizados en el Archipiélago no supone ni el 15% del total. La precariedad laboral, los bajos salarios y la tasa de paro juvenil son barreras demasiados altas. Y quien las salta, quizá pueda encontrarse otras a la vuelta de la esquina, como un hogar con multitud de problemas de habitabilidad y condiciones inadecuadas. Desde que estalló la crisis del coronavirus, cada vez más canarios piensan así. Pasar más tiempo en las casas ha tenido esta consecuencia. 

Una vivienda inadecuada puede considerarse así si “resulta muy difícil alcanzar condiciones de confort higrotérmico en su interior; porque sus características constructivas no permiten calentarla suficientemente en invierno, acumula un calor excesivo en verano, o porque es difícil de ventilar”, explica Carlota Sáenz de Tejada, investigadora postdoctoral en la Iniciativa de Planificación Urbana, Medio Ambiente y Salud del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal). “También se considerará de esta forma si acumula humedades y moho, o si es muy oscura y no recibe suficiente iluminación natural. A ello se suma que tenga problemas de accesibilidad o elementos inseguros que aumenten el riesgo de accidentes domésticos”. 

Según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), hay varios indicadores relacionados con este tema que se multiplicaron en 2020, cuando el mundo entero tuvo que pasar meses entre cuatro paredes. En Canarias, un 15,2% de los encuestados considera que su domicilio presenta problemas de escasez de luz natural, frente al 4,2% que lo creía en 2019. Un 31,4% opina que los ruidos producidos por vecinos o el exterior también son un impedimento, mientras que en 2019 el porcentaje era menos de la mitad, un 15,4%. Y así con el resto de variables: contaminación, suciedad u otros contratiempos medioambientales (17,7% frente a un 8,8%); delincuencia o vandalismo en la zona (20,4% por 9,9%); la vivienda no tiene ningún problema (47,1% por 76,1%). 

Para Sáenz de Tejada esto no es ninguna sorpresa. “Esta situación nos ha llevado a pasar la práctica totalidad de nuestro tiempo dentro de casa, a hacer más tareas domésticas como cocinar, limpiar… Y a apreciar el orden y el espacio como quizás no habíamos hecho antes. Durante el confinamiento han surgido nuevas necesidades y requisitos que pedirle a nuestra vivienda y para las que, como hemos podido comprobar, no todas estaban preparadas o tenían la flexibilidad suficiente para adaptarse”. 

En 2019 se publicó el trabajo Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2019, elaborado por más de una decena de expertos. En él se hizo una de las primeras clasificaciones por provincias españolas de viviendas inadecuadas. Según los datos recabados por la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (FOESSA), Canarias es la cuarta autonomía con un mayor número de hogares de este estilo, con más de un 12%. Solo Aragón, la Comunidad de Madrid y Cataluña están por delante. 

El estudio señala que este tipo de casas tienen una “enorme repercusión en la salud de las personas y, por extensión, en el sistema sanitario”. Los investigadores se apoyan en un dato: el total de costes directos e indirectos del impacto de una vivienda inadecuada en la salud en España supera los 22.350 millones de euros anuales, uno de los importes más elevados de toda la Unión Europea, según las estimaciones de Daphne Ahrendt, miembro de la fundación europea para la mejora de las condiciones de vida y trabajo.

En Canarias se siente aún más este drama por varios motivos. Primero, porque es la segunda comunidad con el menor porcentaje de domicilios en régimen de propiedad, un 65,3%, por lo que hay una cifra muy importante de personas que viven de alquiler, “la gran mayoría inmigrantes y jóvenes que no pueden permitirse comprar”, agrega Maite Arrondo, consultora en innovación en políticas de vivienda que actualmente trabaja para el Instituto de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona. Y segundo, por los niveles de hacinamiento que registra el Archipiélago. Los últimos datos de la Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida (EU-SILC) destacan que el 14,3% de la población canaria habita en casas con falta de espacio (ninguna otra región cuenta con un registro superior). Aunque esto, eso sí, no es nada nuevo. 

En 2002, el geógrafo canario Juan Manuel Parreño resaltó en su tesis doctoral Análisis geográfico de la vivienda en Canarias: la promoción privada de protección oficial en el área metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria, que el hacinamiento en las Islas se suele dar por dos motivos: imposibilidad que tienen algunas familias para acceder a una vivienda de mayor tamaño dado el alto precio que ha alcanzado el metro cuadrado (esto ocurría hace 20 años y sigue pasando hoy); y la convivencia forzada de varias unidades familiares durante un tiempo más o menos prolongado. Una combinación de factores que termina provocando efectos nocivos sobre la salud. 

“Las consecuencias son mucho más probables (y graves, en el caso de darse) en poblaciones con menos recursos. Hay grupos especialmente vulnerables a ciertos riesgos ambientales, como los niños, las embarazadas, o las personas mayores y/o con limitaciones funcionales o cognitivas”, detalla Sáenz de Tejada. El principal problema de la vivienda española, según han detectado las encuestas europeas, es la falta de acceso a espacios abiertos o exteriores. Esto puede derivar en un mayor riesgo de padecer síntomas depresivos moderados o severos.

La investigadora del ISGlobal apunta que cada vez más se está estudiando el tema de las vistas desde los hogares y sus efectos sobre la salud. “Hay una guía muy interesante, basada en la evidencia científica, que recomienda la vista de al menos tres árboles de cierta envergadura desde toda la vivienda”. Esto, continúa Sáenz de Tejada, “pone de relieve los beneficios para la salud de exponernos y vivir próximos a espacios verdes, pues solo mirarlos desde la ventana ya parece aportarnos beneficios importantes. Y eso se ha comprobado en diversos estudios a raíz de los periodos de confinamiento”. Acorde a un estudio de ISGlobal publicado hace unos meses, más de un 60% de la población europea vive en ciudades con insuficientes espacios verdes.

Marta Arrondo recuerda que este problema también se debe afrontar desde la perspectiva de género, porque “las mujeres están sufriendo mucho más que los hombres las dificultades del acceso a la vivienda y también presentan los peores indicadores de habitabilidad”. Canarias, además, no ha construido vivienda pública en los últimos 10 años. Y aunque empezara a hacerlo ahora a un ritmo acelerado, los resultados no se verían a corto plazo. Arrondo asegura que “no hay una solución básica” y que se necesitan “medidas complementarias”, como ayudas directas y a la rehabilitación o subvenciones, para un cambio a mejor.

Sáenz de Tejada, por otro lado, aporta multitud de ejemplos de cómo se podría hacer esa reconversión: “En Nueva Zelanda, el estándar Healthy Homes introduce normas mínimas y específicas para la calefacción, el aislamiento, la ventilación, la entrada y el drenaje de humedad y la eliminación de corrientes de aire en las viviendas que están en alquiler, pues detectaron que estas necesitaban mayor atención. También en Reino Unido hay legislación específica que garantiza que la cantidad de luz solar que incide en una vivienda no se verá reducida por cambios que puedan realizarse en el entorno (como la construcción de nuevos edificios)”.

No obstante, la clave parece estar en ampliar el parque público de viviendas: “Para ayudar así al enorme problema que supone la falta de acceso a vivienda adecuada, que a menudo deriva en personas viviendo en condiciones de hacinamiento (asociado a diversos problemas de salud física y mental), o con pobreza energética, o invirtiendo en los gastos asociados a la vivienda u porcentaje de sus ingresos tan alto que no pueden permitirse otras necesidades básicas como una alimentación saludable”, concluye la investigadora.