Una menor víctima de abusos sexuales tiene que esperar diez meses para que la examine un psicólogo forense
Casi diez meses de espera por un reconocimiento psicológico forense. Es el tiempo que transcurrirá desde que los padres de una menor del norte de Gran Canaria denunciaran que su hija había sido víctima de abusos sexuales continuados por parte de su primo, hasta que se realice esta prueba. La cita en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria está fijada para el 18 de febrero de 2019, pero el caso fue denunciado en mayo de este año. En ese tiempo la causa no ha avanzado a la espera de esta prueba y además no se ha tomado ninguna medida cautelar por parte del Juzgado de Menores, a pesar de la petición de la familia y de su abogado.
La niña, que ahora tiene diez años, cuenta con numerosos partes médicos que avalan que desde los cuatro sufría constantes infecciones de orina, irritaciones… En los dos últimos años ha acudido en reiteradas ocasiones al centro de salud por dificultades para orinar, lesiones en la zona vaginal y anal, dolores… Fue en mayo de 2018 cuando quedó ingresada en el hospital por mialgia, fuertes dolores musculares, y porque además presentaba un eritema en la zona de los brazos y muslos, como consecuencia de haber sido apretada. Entonces, la psicóloga y la madre lograron que la niña contara lo que había sufrido durante años. Relató que su primo, ocho años mayor que ella pero entonces menor de edad, había abusado reiteradamente de ella y que no podía contarlo ya que la había amenazado con hacerle lo mismo a su hermana.
Tanto el informe de la profesional del Materno Infantil de la isla como el de la psicóloga del Centro de Salud de Bañaderos coinciden en que el discurso de la menor ha sido coherente en todo momento, además de “fluido y adecuado”. Estos informes también reflejan sentimientos de rabia y tristeza por su parte y preocupación por cómo afectará este tema a su familia. Las psicólogas reflejan en estos escritos que la menor no duerme bien por las noches, siente miedo y padece un trastorno de estrés postraumático. Una situación que también cuentan sus padres, que quieren mantener el anonimato para respetar la identidad de la víctima, pero que aseguran sentirse desprotegidos por la Justicia y que nunca pensaron encontrarse ante una situación como la que están viviendo.
El acusado ha cumplido la mayoría de edad este mismo año, pero será juzgado por la Ley Penal del Menor. Los hechos ocurrían presuntamente en la planta superior de una vivienda familiar, en la misma en la que vive la niña junto a sus padres, hermanas y su abuela materna, que lo es también del denunciado. La orden de alejamiento que ha pedido la familia se fundamenta en que esta persona y sus padres, tíos de la niña, pueden seguir acudiendo a este domicilio con el objetivo de ver a la abuela. Además, viven en el mismo pueblo y la hermana de la víctima compartía hasta hace poco el mismo instituto que él. Los padres subrayan que tuvieron que cambiar a esta otra hija de centro por la intimidación a la que era expuesta por parte de su primo.
Sin medidas cautelares
La Fiscalía, sin embargo, ha considerado en un decreto fechado el pasado mes de julio que no hay elementos suficientes que justifiquen que el menor expedientado deba ser internado en régimen cerrado ya que “no existe riesgo” de eludir la acción de la justicia por parte del menor o de atentar contra los bienes jurídicos de la víctima, puesto que no viven cerca ni acuden al mismo centro escolar y, desde que puso la denuncia, el denunciado no habría acudido al domicilio de la niña. La solicitud de ingreso en un centro fue promovida por el abogado de la víctima el pasado 19 de junio al no recibir respuesta a otro escrito presentado el día 8 de ese mismo mes.
En otro decreto más reciente, de este mes de diciembre y que se dicta después de que el abogado presentara otro escrito, la Fiscalía concluye que tampoco cabe poner una orden de alejamiento al presunto agresor ya que las miradas intimidatorias que haya realizado el expedientado a la menor, según describe la defensa, se tratan “al parecer de algo casual y esporádico”. En este último decreto del Ministerio Público se señala que, dado que la niña está en tratamiento psicológico, debe requerirse al Instituto de Medicina Legal “que con carácter urgente y a la mayor brevedad posible efectúe el informe forense sobre las secuelas psíquicas que la menor pueda presentar como consecuencia de los hechos investigados”. Además, señala que se remitirán los informes psicológicos aportados por la víctima y que se deberán tener en cuenta los posteriores que aporten los padres.
El abogado de la niña asegura que recurrirá este decreto hasta llegar a la Audiencia. De momento, desde que se inició la causa, se ha tomado declaración a los padres de la víctima, a las hermanas y a un testigo del denunciado. El letrado destaca que esta prueba para la que ha sido citada el 18 de febrero es fundamental ya que es una prueba preconstituida y pierde validez en cuanto a condiciones de inmediatez y seguridad y no evita la victimización secundaria a la que se está sometiendo a la menor. Otra de las solicitudes que el abogado realizó desde un primer momento y de la que no conoce si se han tomado ya medidas es que se incautaran los móviles y ordenadores del acusado para volcar las imágenes que contengan estos aparatos. Una petición que realiza después de la niña contara que su primo solía tener cerca su teléfono cuando se producían los hechos.
El pasado mes de septiembre, los padres entregaron un escrito en la sede del Consejo General del Poder Judicial de Las Palmas y el abogado también entregó otro en el Colegio de Abogados, donde recordaban que la psicóloga señala en uno de sus informes que es determinante para la recuperación de la menor que se sienta protegida tanto por la familia como por la justicia y que, por ello, es muy importante acelerar el procedimiento judicial con el objetivo de disminuir el daño emocional en la menor y el impacto del trauma en su desarrollo evolutivo.
Una causa que no avanza
Sobre el retraso en la citación de la menor, el director general de Relaciones con la Administración de la Justicia del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez, ha reconocido que es necesario contar con más personal, al igual que en otras áreas. No obstante, subraya que en Las Palmas se está cerrando la contratación de cuatro psicólogos más, aunque insiste en que en las pruebas preconstituidas el tiempo que se tarda en dar cita es de entre una o dos semanas. Explica que, aunque no conoce este caso en concreto, sí que entiende que se trata de una prueba programada y que puede tardar más.
Rodríguez afirma que en la provincia de Las Palmas cuentan en la Administración de Justicia con ocho psicólogos y, de ellos, dos hacen los reconocimientos programados y otros seis, especialistas en materia penal, se dedican a practicar las pruebas preconstituidas. Sostiene que, aunque la falta de medios es evidente, las víctimas no están desatendidas ya que esta provincia tiene 26 forenses y asegura que lo normal es que estos profesionales atiendan a la víctima desde el primer momento.
De momento, lo cierto es que hay una menor que tras años acudiendo al médico, finalmente ha contado la situación que estaba viviendo a la psicóloga del materno. Sin embargo, desde que sus padres pusieran la denuncia en el mes de mayo sigue esperando a que se tomen medidas judiciales. La madre de la menor cuenta que lleva meses teniendo que dormir con ella por el miedo que sufre. La niña está siendo tratada y padece ataques de ansiedad, el último cuando sus tíos, padres del denunciado, acudieron a la vivienda familiar a ver a la abuela, según la familia, con muy malas formas y con el orgullo de que aún no se ha dictado una orden de alejamiento. El comportamiento de estas personas también ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía y del juzgado por parte del abogado, que explica que los tíos de la niña irrumpieron recientemente de forma violenta en la vivienda familiar y causaron diversos daños al patrimonio.
