“Vine en patera porque en mi país me dijeron que me querían matar”

Moro Abdolayé viajó en una patera a Gran Canaria hace un año y cuatro meses porque le dijeron que en su país, Costa de Marfil, lo querían matar. Hoy, tras solicitar asilo, vive en un piso en la Isla gracias a la tarjeta roja que le habilita para trabajar y residir en territorio español legalmente de forma temporal.

Abdolayé era uno de los soldados que combatieron con los rebeldes en favor del actual presidente de Costa de Marfil, Alassana Ouattara, quien les prometió unas primas (dinero y una casa) si le ayudaban a derrocar al anterior presidente Laurent Gbagbo.

Ouattara llegó al poder “pero incumplió su promesa”, explica Abdolayé durante una jornada de puertas abiertas organizada por CEAR Canarias en El Centro de Migraciones (CEMI) de Vecindario para conmemorar el Día Mundial del Refugiado.

“Cuando el presidente nos negó lo que nos había prometido, yo me amotiné junto a otros 45 compañeros. Nos dijeron que iban a negociar, pero pasaban los meses y no nos pagaban. Entonces un compañero me avisó, me dijo que me marchara, que me querían matar, y decidí irme a Ghana, pero volví al poco tiempo porque quería lo que me habían prometido. Volvió el mismo problema y tuve que salir de nuevo. Decidí irme a Marruecos para emprender el viaje a Europa”, relata Abdolayé.

Allí pagó mil euros para viajar en patera junto a otras 46 personas en dirección a Canarias: “Fue muy duro, estuvimos en el mar sin comida ni agua durante diez días, murieron varias personas y yo llegué a perder el conocimiento”.

Al llegar a Gran Canaria, Abdolayé rápidamente fue ingresado en el Hospital Insular porque se había hecho una herida en una pierna que se había infectado gravemente. “Me tuvieron que operar y estuve tres meses en el hospital”. Cuando le dieron el alta entró en el CEMI de Vecindario, donde los abogados comenzaron a tramitarle la solicitud de asilo.

Este proceso, que debería durar entre seis meses y un año, “se alarga durante una media de dos años e, incluso, más de ese tiempo”, relata el coordinador de CEAR Canarias, Juan Carlos Lorenzo.

El proceso de acogida, en su primera fase, tiene una duración de seis a nueve meses y, cuando finaliza, deben abandonar el centro o el piso tutelado por CEAR, pasando a una segunda fase en la que las personas obtienen prestaciones o apoyos para poder desarrollar una vida autónoma, es decir, buscar una residencia por su cuenta o encontrar un trabajo.

En esta situación se encuentra Abdolayé, quien ha conseguido “después de mucho tiempo” la tarjeta roja que le habilita de forma temporal a trabajar y a residir en territorio español legalmente, mientras se tramita su solicitud de asilo. Aunque ha encontrado un piso, no puede trabajar aún porque “estoy recuperándome de la operación en la pierna”

Lorenzo detalla que en esta segunda fase, aunque hayan abandonado el centro o el piso, CEAR sigue “acompañando en un proceso muy complicado, porque muchos se niegan a alquilar su vivienda a una persona refugiada, aunque tenga documentación que le acredite prestaciones económicas durante varios meses”.

“También se han dado casos” -- cuenta Lorenzo -- “en los que las personas comienzan a trabajar y les llega la solicitud de asilo denegada, lo que les obliga a dejar su empleo. Esto es algo que genera mucha frustración y resulta paradójico, ya que debería valorarse positivamente que están integrándose en la sociedad”.

Asimismo, informa que este año ninguna persona ha obtenido el estatus de refugiado y recuerda que el año pasado, de las 300 peticiones de asilo solo se resolvieron cinco.

Abdolayé quiere ahora recuperarse de su pierna y traer a su familia a Gran Canaria, dos hijos, que están en Costa de Marfil, y su mujer, que siguió sus pasos pero en otra dirección. “Fue hasta Libia y ahora está en Italia”.

Dos centros y dos pisos de acogida

CEAR Canarias cuenta con dos centros: el CEMI, en Santa Lucía de Tirajana, que cuenta con 31 plazas de asilo y 13 de acogida humanitaria (para personas que salen del Centro de Internamiento de Extranjeros) y otro en Las Palmas de Gran Canaria (San Antonio Abad), que tiene 40 plazas para solicitante de asilo.

A estos espacios se suman dos pisos de acogida, una mini-residencia en Santa Lucía de Tirajana con espacio para 18 personas y otro de ocho plazas, ambos de acogida humanitaria.

“El CEMI de Santa Lucia nació en 1994 cuando no solo era importante un asesoramiento jurídico y social, sino también un espacio para las personas que venían reclamando asilo y que no tenían recursos para subsistir y vivir. Por eso se construyó. El terreno es de titularidad municipal, pero lo construyó CEAR. Los pisos de acogida, que datan de agosto y septiembre de 2016, son de alquiler y el de Las Palmas de Gran Canaria, de marzo de 2017, es del Cabildo de Gran Canaria” especifica Lorenzo.

Jornada de puertas abiertas

El Patio de las Culturas, frente al CEMI de Vecindario, fue el escenario sobre el que más de 50 personas de diversas nacionalidades conmemoraron el Día Mundial del Refugiado “con una jornada de puertas abiertas para tratar de sensibilizar a la ciudadanía, para decir que existe una realidad cultural diversa que está aquí mismo, que acercarnos al otro nos permitirá pensar de forma diferente y actuar de otra manera” concluyó Lorenzo.