La hermana de una víctima de violencia machista denuncia los trámites burocráticos que “impiden que pasemos el duelo”

Un asesinato machista es “una bomba lapa” en las familias de las víctimas, ha afirmado este viernes la presidenta de la asociación Todos somos Guacy, Luz Marina Rodríguez, quien ha reclamado que se revisen procedimientos porque los múltiples trámites “impiden que pasemos el duelo”.

Este es parte del testimonio que escucharon los diputados de la comisión parlamentaria de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, cuya presidenta Migdalia Machín dijo que han recibido “un golpe de realidad” tras la comparecencia de Luz Marina Rodríguez, cuya hermana Guacimara fue apuñalada el 20 de febrero de 2013 por su marido delante de sus dos hijos, que entonces tenían 5 y 7 años, y de su madre.

Nunca se espera que esto pueda suceder y la familia queda en estado de “shock”, y entonces comienza la incertidumbre de lo que va a ocurrir “y te ves envuelta en profesionales, policías, forenses, psicólogos” en medio de una situación desagradable “en la que estás como en un limbo y no sabes lo que va a ocurrir”, afirmó Rodríguez.

Entonces hay que comenzar las gestiones y la primera sorpresa es la de que la Dirección General del Menor exige hablar con el padre de los menores para que autorice que la familia materna asuma su guarda y custodia y el apoyo psicológico, lamentó.

Los sucesivos trámites pueden tardar entre seis y ocho meses y en ese período los niños no tienen tutor con lo que para cambios de colegio o de médico la familia materna debe recurrir al juzgado.

Luz Marina Rodríguez subrayó que si en la familia que se hace cargo de los niños hay desempleados tienen derecho a ayudas económicas pero si trabajan, como es su caso, no pueden percibirlas, con lo que deben asumir todos los costes. A ello se suma el que las aseguradoras y los bancos dilatan el proceso de cobro de las pólizas e interponen problemas para cancelar la hipoteca, pues incluso llegan a pedir un justificante de que la persona asesinada estaba sana y de quién fue su asesino.

“Estos menores se han quedado sin padre ni madre y tiene que tener su futuro”, apostilló la presidenta de Todos somos Guacy, quien advirtió de que “la gente se queda con el mensaje” de que tras el juicio la familia percibirá indemnizaciones “con lo que queda cubierta, y esto no es cierto”.

En su caso, el asesino fue condenado a 23 años de prisión y a pagar una indemnización de 300.000 euros para los hijos y de 200.000 para la familia de la víctima, pero se declaró insolvente.

Otro agravante son los daños psicológicos, pues para la familia “hay un antes y un después” y deben aprender a vivir “con rabia y dolor”, somatizándolo como es su caso con vómitos y problemas intestinales. “La familia se desestructura completamente porque es como una bomba lapa que llega y que poco a poco la va destruyendo”, declaró Rodríguez, quien insistió en que desde el momento cero deben afrontar todas las deudas económicas de la persona fallecida y al trabajar, no tienen derecho a un abogado de oficio para el trámite judicial.

Muchos deben además recurrir a una baja por depresión para afrontar la situación, con el riesgo de pérdida de trabajo, y si la familia no puede hacerse cargo de los niños, éstos deberán pasar a un centro de menores.

Luz Marina Rodríguez recordó además la sorpresa que sintió cuando se enteró de que en el Ayuntamiento la vivienda consta a nombre del padre y sigue generando deudas -contribución, basura- que debe abonar la familia de la víctima para no restarla de la pensión de orfandad de los niños.

“Mi hermana no ha sido la primera ni la última ¿y nadie ha visto estas cosas?”, interpeló Rodríguez, quien lamentó “yo no he hecho nada y tengo que asumir esto, y mientras tanto él comiendo y bebiendo”. Entre otras recomendaciones, pidió recuperar y aumentar las partidas presupuestarias para las familias y las víctimas, mayor preocupación respecto a la violencia psicológica y crear protocolos de actuación para agilizar los trámites, además de revisar los procedimientos para impedir reducción de condena en estos casos.

También pidió que no se produzcan retenciones ni problemas laborales para los familiares de víctimas de violencia machista y además aconsejó que no se reformule jurídicamente el concepto de ensañamiento, pues su cuñado no fue condenado por este concepto porque su hermana -que murió en brazos de su madre- falleció con la primera de las 50 puñaladas que recibió.