El Ayuntamiento de La Orotava cancela una deuda a proveedores de 2,5 millones de euros
El Ayuntamiento de La Orotava ha cancelado esta semana la deuda que tenía contraída con sus proveedores, cifrada en más de 2,5 millones de euros, con lo que pone fin al Plan de Ajuste impuesto por el Estado y aprobado en marzo de 2012 por el Pleno municipal.
El alcalde accidental y concejal de Hacienda Local, Juan Dóniz, ha señalado que el Ayuntamiento “ha cumplido con las exigencias desde el punto de vista económico y logra así sanear las cuentas y arcas municipales, logrando cancelar siete años antes un plan que debía culminar en 2022”.
Juan Dóniz recuerda que el Plan de Ajuste, entre otras cosas, “obligaba” a subir impuestos y tasas para reducir el déficit; contemplaba el copago en la contraprestación de servicios como en las actividades extraescolares, la ayuda a domicilio y el servicio de día (ludotecas); no permitía el fraccionamiento de deudas y limitaba los convenios para el empleo al sólo poder aportar un 25 %.
Además, aconsejaba el incremento en el pago de servicios deficitarios como recogida de basuras, abastecimiento de agua, alcantarillado y cementerio, y “ponía en peligro” las subvenciones a clubes, colectivos y asociaciones locales, y las escuelas municipales como la de Música y Danza, que podían desaparecer, según el alcalde accidental.
“Estas medidas no se han aplicado en estos dos años porque el Ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo, asumiendo la corporación municipal en pleno la responsabilidad, entendiendo la situación de crisis general que afectaba a la mayoría de la ciudadanía”, afirma Dóniz.
El concejal también ha anunciado que además de cumplir con la promesa de no subir impuestos en los próximos años, se estudia también la posibilidad de bajar alguno, como el impuesto sobre vehículos y el IBI, con el objeto de llegar a lo que pagaban los contribuyentes en 2011.
También se contempla eliminar el pago de algunas tasas (licencia de autotaxis, tasa por utilización de instalaciones deportivas y culturales o para la apertura de zanjas, entre otras) y figuras tributarias como por expedir certificados de empadronamiento o de convivencia y residencia, y por cambios en el padrón de habitantes.
