La acusación popular del caso Las Teresitas tendrá que pagar 28.000 euros para seguir en la causa
La Audiencia Provincial requiere 28.000 euros en concepto de fianza al colectivo Justicia y Sociedad si quiere seguir ejerciendo como acusación popular en el conocido como caso Las Teresitas. En estos momentos los miembros de la asociación están recaudando el dinero ya que consideran imprescindible seguir personados en este proceso dado que son la única acusación presente en la causa penal. Los miembros de Justicia y Sociedad quieren que se llegue hasta las últimas consecuencias en la que consideran la trama de corrupción más importante que ha existido jamás en Canarias.
En el auto de la Audiencia Provincial se indica que el importe ha sido fijado de forma proporcional a los eventuales efectos económicos del proceso, lo que incluye la consideración del número de personas contra las que se formula la acusación y del importe de las reponsabilidades civiles reclamadas, que suma los 52 millones de euros. Esa cantidad se corresponde al dinero desembolsado por el Ayuntamiento en 2001 para comprar los terrenos. En concreto, en estos momentos hay trece personas que permanecen como acusadas. Ellas hay políticos, como el exalcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, o el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, empresarios, como Ignacio González y Antonio Plasencia, y varios funcionarios.
A la hora de fijar el importe, se apunta que también se ha tenido en cuenta el número de testigos y peritos propuestos como medios de prueba, que se eleva a 37. En el auto se constata que existe “una sustancial coincidencia” entre la acusación formulada por la Fiscalía y Justicia y Sociedad.
La Audiencia rechaza también la petición del exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín González, de que sea el seguro del Ayuntamiento el que haga frente a las posibles responsabilidades civiles que se deriven de esta causa y recaigan sobre los funcionarios. Y lo hace porque las compañías aseguradoras no cubren las consecuencias derivadas de las causas penales, como ocurre en este contencioso, “a no ser en los casos en los que se haya admitido la pretensión de alguna de las acusaciones o actores civiles contra ellas o se trate de un supuesto de aseguramiento obligatorio”, indica el escrito de la Audiencia.
La vista oral comenzará a partir del 12 de septiembre y está previsto que acabe el 28 de octubre.
Después de doce años de investigaciones , la Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de prisión para Zerolo y para Parejo (CC), así como cuatro años a los también exediles Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP). La misma condena, cuatro años de cárcel, propone para los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, así como para sus hijos Carlos Plasencia y Pedro González.
La Fiscalía Anticorrupción también solicita cuatro años para el exsecretario general municipal, Eugenio de Zárate, y para el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín, así como a los funcionarios Antonio Messia, Víctor Reyes y José Luis Roca. La Fiscalía imputa a los funcionarios y cargos públicos presuntos delitos de prevaricación, por lo que pide inhabilitación especial, y de malversación de caudales públicos, que conllevan las penas de prisión.
A los empresarios, el Ministerio Fiscal les atribuye presuntos delitos de malversación de caudales públicos. En su escrito de cargos, la acusación pública relata el proceso presuntamente urdido por los procesados para que en 2001 el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife comprara por 52 millones de euros terrenos situados en primera fila de la playa de Las Teresitas a la sociedad Inversiones Las Teresitas SL, propiedad de Plasencia y González, a pesar de que la arquitecta municipal del Consistorio los había valorado en 19,2 millones de euros.
El Ministerio Fiscal acusa a los imputados de “comportamiento arbitrario y postura antieconómica e irracional en la fijación del precio pagado a los empresarios”, que obtuvieron un lucro final de 39,4 millones de euros a costa de “las arcas municipales y en definitiva, al pueblo de Santa Cruz”.
La Fiscalía afirma que el alcalde Miguel Zerolo y el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, dieron instrucciones para que se acomodara “la actuación completa de la administración municipal” para llevar a efecto lo que estaba pactado previamente con los empresarios, aunque se beneficiaba “única y exclusivamente a la parte privada a costa de un grave perjuicio a las arcas municipales”.
Agrega que de los 109.420 metros cuadrados de los terrenos que pensaba adquirir el Ayuntamiento, 63.700 ya habían sido cedidos gratuitamente al municipio en 1986, mientras que 9.076 estaban dentro de la línea de deslinde marítimoterrestre, lo que, según las conclusiones de la Fiscalía, ya había sido advertido por la arquitecta municipal. La operación de compra de esos terrenos fue anulada años más tarde por el Tribunal Supremo, precisamente porque no se incluyó la valoración de la arquitecta que fijó el valor de los terrenos en apenas 17 millones.
