Gobernaban Arona contra una sentencia judicial pero la culpa fue de la prensa y la oposición

La secretaria general del Ayuntamiento de Arona informó sobre la incompatibilidad del exalcalde para continuar en el cargo “porque estaba muy presionada por la oposición y por los medios de comunicación”. Este fue uno de los argumentos que esgrimieron este martes en los juzgados aroneros los concejales Ramón García Hernández y Eva Luz Cabrera (responsables de Obras y Mantenimiento, y de Patrimonio Histórico y Participación Ciudadana, respectivamente) para tratar de defenderse de la imputación por prevaricación continuada que pesa sobre ellos y sobre otros 14 políticos de este municipio del Sur de Tenerife por las tretas que urdieron durante cuatro meses para desobedecer el articulado de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Loreg), que establece el cese automático de los cargos públicos en cuanto son condenados por delitos de corrupción, aunque su sentencia no sea firme.

José Pérez Ventura, uno de los dos abogados personados en representación de Ciudadanos por Arona (CxA) y de Izquierda Unida Canaria (IUC) como acusación popular en el llamado caso del alcalde okupa, explica que las declaraciones de estos dos concejales y las prestadas el lunes por otros dos imputados en esta causa (Marta Melo y Miguel Ángel Méndez) –los cuatro del equipo de gobierno municipal de Coalición Canaria (CC)– “están cortadas con la misma tijera; son prácticamente idénticas”.

Añade que “esto evidencia que son teledirigidos por su abogado defensor”, Esteban Sola Rech, para que den “respuestas preparadas y enlatadas”, y que se confirma la impresión de Felipe Campos, su compañero de acusación popular en esta causa, de que los 15 protagonistas de la crisis institucional que vivió Arona desde agosto hasta el 30 de diciembre de 2012 “van a declarar todos lo mismo”.

Sin embargo, en su opinión, esa estrategia de defensa “compromete bastante su credibilidad” al parecer “poco sincera”. Ello, unido a que los imputados rehúsan responder a las preguntas de la acusación popular, a que “carecen de argumentos sólidos” para fundamentar su defensa y a que solamente están esgrimiendo “excusas” sin validez jurídica que “en absoluto desautorizan las contundente pruebas” que pesan en su contra, ha llevado a Pérez Ventura a terminar de convencerse, también al igual que Campos, de que “es totalmente improbablemente que puedan para librarse del banquillo”.

Presión política y periodística sobre la secretaria

Cita al respecto que uno de sus alegatos para justificar el caso omiso que hicieron al contundente informe en el que la secretaria concluyó que el exalcalde José Alberto González Reverón debía ser cesado en pleno por causa sobrevenida de incompatibilidad a cuenta de su condena a 4,7 años de inhabilitación por el enchufe de dos trabajadoras municipales fue que la funcionaria “tenía muchas dudas” sobre esa obligatoriedad de cese, y que si informó en ese sentido fue “porque estaba muy presionada por la oposición y por los medios de comunicación”. Recuerda que esta funcionaria actuó en sintonía con lo marcado por la legislación vigente y por la Junta Electoral, así como que sus informes coinciden con los que habían emitido los secretarios de dos ayuntamientos de Galicia (Val do Dubra y Sada).

Pérez Ventura añade que, “como para tratar de desacreditar la validez” del informe de la secretaria general, los imputados declararon que su pronunciamiento no fue solicitado por el grupo de gobierno de CC, sino por la oposición de PSOE, PP y Ciudadanos, “con lo que lo que están logrando en realidad es dejar clara la inactividad y desinterés del alcalde y del gobierno local por aclarar si el exalcalde incurría o no en causa de incompatibilidad para el ejercicio de su cargo”.

Interpretación errónea de la principal defensa de los 15 imputados

Sobre los dos informes externos en que están apoyando su defensa, el letrado de la acusación popular manifiesta que, aparte de no tener peso a los que fueron emitidos en favor del cese del exalcalde por los órganos competentes, es decir, la Junta Electoral Central y la secretaria general del Ayuntamiento aronero, los mismos ni siquiera apuntalan el argumento de constitucionalidad esgrimido por los imputados contra de la ley que obligaba al exalcalde a dejar el cargo (en concreto, los artículos 6.2 b y 178 de la Loreg).

Explica además que el informe al que más importancia están dando los imputados que han prestado declaración por esta causa, el elaborado por el catedrático de la Universidad de Navarra Juan Carlos Cavara de Cara, “concluye algo muy distinto a lo que ellos interpretan o argumentan” en cuanto a la inconstitucionalidad de la parte de la Loreg que les perjudicaba “y sus recomendaciones se alejan mucho” de lo que hizo la mayoría del pleno municipal para mantener a González Reverón en el cargo en contra de la legalidad vigente. El autor del citado informe “hila muy fino” y lo que en realidad les recomendó, manifiesta Pérez Ventura, fue “que se declararan incompetentes para declarar la incompatibilidad” de su exalcalde. En cambio, resalta, lo que hicieron los querellados por Fiscalía fue arrogarse competencias para declarar la compatibilidad del inhabilitado González Reverón para continuar ejerciendo de alcalde.

Añade que este catedrático también recomendó al gobierno local plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la parte controvertida de la ley orgánica que no querían acatar, “algo que tampoco hicieron”.

En cuanto al otro informe, el que encargaron al letrado tinerfeño Rolando Rodríguez, Pérez Ventura dice que, al centrarse “en el absurdo” de atacar y cuestionar a la secretaria diciendo que no era quien para determinar si el alcalde incurría o no en causa de incompatibilidad, “los imputados apenas lo nombran porque ni pueden apoyarse en él para defenderse”.

Consenso con “soga al cuello” para los imputados

Otro hecho de la estrategia de defensa de los imputados que le ha llamado la atención, es que “nunca responden quién llevó la voz cantante de todo el tema, quién propuso o tomó la decisión de encargar los informes”, sino que reiteran que actuaron “con total consenso, que no obedecieron ninguna disciplina de voto y que nadie les obligaba a votar” en contra de acatar esta ley orgánica. Lo cual, para Pérez Ventura, “es ponerse todos la soga al cuello en vez de intentar quitarse responsabilidad con argumentos del tipo yo no lo leí, entonces no entendí la gravedad de lo hice o no fue mi intención desobedecer la legislación vigente”.

Nuevas citaciones a partir del 21 de julio

Las comparecencias judiciales de los otros 12 imputados de CC y CAN-CCN este caso continuarán entre el 21el 29 de julio. La ronda de declaraciones de los testigos, en concreto, de los 10 concejales del pleno aronero que no están imputados y de la secretaria general del Ayuntamiento, han sido fijadas para el mes de septiembre.