Las relaciones del exalcalde con el Hotel Sir Anthony iniciarán las vistas orales del caso Arona
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de diciembre la vista oral contra el exalcalde de Arona, José Alberto González Reverón, de Coalición Canaria (CC), por la supuesta comisión de prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias por no haber cobrado las tasas de licencias de obra mayor a los propietarios del grupo hotelero Mare Nostrum. Este favor se hubiese llevado a cabo, supuestamente a cambio de disfrutar de habitaciones para uso privado en el reformado Hotel Sir Anthony, en Playa de Las Américas, propiedad de la cadena hotelera.
El juicio supone el pistoletazo de salida de las sucesivas vistas orales que se irán llevando a cabo hasta el mes de mayo en torno al caso Arona y las distintas partes en las que ha sido dividido. El juez Nelson Díaz Frías ya plasmó en el auto con el que puso fin en 2011 a la fase de instrucción, la sospecha de que el entonces alcalde habría incurrido en esos delitos al haber “perdonado” las tasas por licencia de obras, lo que supuso que el Ayuntamiento dejase de percibir 300.000 euros.
Las obras de rehabilitación del establecimiento hotelero supusieron un coste de 10 millones y su relación con el caso Arona salió a la luz durante la instrucción del procedimiento, en las grabaciones telefónicas que llevó a cabo la Policía Judicial. De acuerdo con esas escuchas y los interrogatorios a responsables de Mare Nostrum y otros testigos, se desprende que el regidor disfrutaba de habitaciones para uso personal.
Las conclusiones del magistrado reflejan que el ex alcalde “habría cometido un delito de tráfico de influencias en concurso con otro de prevaricación por omisión al ser conocedor de la ilegalidad de la obra mayor realizada en el hotel Sir Anthony” También se le acusa de hacer dejación de sus funciones y competencias sobre la ilegalidad de tal actuación, a la vez que, de forma simultánea, se habría estado beneficiando del uso y disfrute de habitaciones en dicho hotel de forma privada y reservada, y por las que no consta que abonara precio alguno“.
Díaz Frías también acusa al ex concejal de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Luis Sosa (CC), de tráfico de influencias y prevaricación, igualmente por “omisión al ser conocedor de la ilegalidad de la obra mayor realizada en el hotel Sir Anthony, y hacer dejación de sus funciones y competencias sobre la ilegalidad de tal obra”.
Según la investigación de la Policía Judicial en la instrucción del caso Arona, González Reverón disfrutaba en 2008, “cuando así lo solicitaba”, de habitaciones por las que no abonaba cargo alguno en los hoteles del grupo Expohoteles and Resort (Mare Nostrum), en un trato directo con el entonces delegado del grupo empresarial, Rafael Estartús. Este directivo reconoció ante el magistrado que el acceso del alcalde de Arona a las habitaciones “era por entradas discretas que no fueran las normales de cualquier huésped”.
En una de las conversaciones intervenidas que figuran en el informe de la Guardia Civil, el 29 de febrero de 2008 el alcalde le comentó al delegado del complejo hotelero que “le había salido un tema, que sería para las siete, que es para tomarse una copa”, a lo que Estartús le respondió que “lo mejor es el Sir Anthony”.
Por aquellas fechas ya habían comenzado las obras en el hotel, cuya reforma duró todo 2008. El juez, y ahora la acusación particular, sostienen que el alcalde era “perfectamente consciente de la realización de dichas obras de reformado ilegales en el mencionado establecimiento hotelero”, pese a lo cual, “no se adoptó en el correspondiente expediente la preceptiva orden de suspensión de las obras, ni se impartió la orden para su cumplimiento efectivo por el concejal de Urbanismo de dicho consistorio”.
El relato de los hechos apunta que “muy al contrario, el ex alcalde toleró y permitió tal situación de ilegalidad en la realización de dichas obras en el hotel Sir Anthony, llegando incluso a enviarle a Estartús un mensaje sms en el mes de junio de 2008 diciéndole: ”debes presentar el proyecto d reformado d sir anthony p [para] no tener nosotros problemas? ya se oyen rumores“.
Según el auto, ni González Reverón ni su concejal de Urbanismo en 2008, Antonio Luis Sosa, “adoptaron las medidas cautelares tendentes a una efectiva y real paralización de las obras, tal como era su obligación por los cargos que ocupaban”. Una técnico jurista del Ayuntamiento, asignada al área de contratación y servicios públicos, manifestó al juez que “no sabe qué pasó para que no se ordenase la paralización de las obras”, pese a que hizo constar que había acta de inspección e informe técnico sobre la reforma en el Sir Anthony.
