La ampliación de la depuradora, ya

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó este último viernes un convenio de colaboración con el Consejo Insular de Aguas con el que damos inicio al denominado ‘Plan de Etapas’, que persigue la regulación del tratamiento de aguas residuales en el área metropolitana. A pesar de que no se trata de un problema exclusivo de Santa Cruz, sino compartido por los municipios de El Rosario y La Laguna, no hemos dado la espalda nunca a este asunto, sino que, al contrario, nos hemos puesto al frente de la solución, junto al Cabildo Insular.

La buena predisposición e, incluso, la paciencia que ha tenido la ciudad con este asunto se explica perfectamente en los siguientes términos: si la estación depuradora del barrio de Buenos Aires tratara solo las aguas procedentes de Santa Cruz, seguiría estando plenamente operativa y cumpliría a la perfección su cometido. Ocurre, sin embargo, que la estación debe tratar también las aguas residuales de otros municipios; y ocurre también que el hecho de que la estación esté ubicada en nuestro término municipal ha provocado a Santa Cruz enormes perjuicios desde el punto de vista administrativo, e incluso, haya derivado en la petición de responsabilidades judiciales a miembros de la Corporación. ¿Qué tendríamos que haber hecho? ¿Deberíamos haber cerrado el grifo a las aguas de otros municipios?

Santa Cruz ha actuado siempre bajo un principio incuestionable de responsabilidad y ha intentado buscar una respuesta adecuada a los vertidos al mar sin escurrir el bulto. Hemos cargado sobre nuestras espaldas con una problemática que no es solo nuestra y, a pesar de ello, hemos sentado las bases para avanzar en su resolución.

En esa dirección, el ‘Plan de Etapas’ permitirá mejorar el tratamiento de las aguas, pero la única y definitiva solución pasa por la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del barrio de Buenos Aires. Solo cuando esa ampliación sea una realidad, se habrán acabado los problemas. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno del Estado, que dispone de un proyecto aprobado y con las bendiciones medioambientales precisas para licitar la obra. Una actuación que cuenta con un presupuesto de 32 millones de euros y que permitirá regularizar el tratamiento de las aguas residuales y, en consecuencia, evitar los vertidos al mar.

Desgraciadamente, la incertidumbre política de los últimos meses y la provisionalidad de un Gabinete en funciones está provocando un retraso que ni se merece Santa Cruz ni los otros dos municipios que se beneficiarán de la obra. El Ministerio de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España sacó en septiembre de 2015 a información pública el estudio de impacto ambiental y el anteproyecto de remodelación de la citada EDAR, sin que hasta ahora se sepa nada nuevo. Han pasado ya ocho meses desde entonces, sin que parezca que se haya movido un papel.

Los ciudadanos de Santa Cruz y del área metropolitana no se merecen este trato de un departamento que tiene las competencias medioambientales y que, se supone, trabaja precisamente para dar respuesta a problemas de este tipo, que se pueden volver irreversibles si no se actúa con la diligencia debida.

En sentido contrario, me gustaría felicitar al concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento, Dámaso Arteaga, por la dedicación, el empeño y, sobre todo, la gestión que he realizado en este asunto, que ha permitido iniciar el ‘Plan de Etapas’, un paso previo e imprescindible para garantizar a medio plazo la eliminación de vertidos al mar y el correcto tratamiento de las aguas residuales.

Nosotros estamos haciendo los deberes. Es hora de que el Estado haga también los suyos.