El 'modus operandi'

En la última semana se han dado varias casualidades. Una de ellas ha sido la coincidencia entre el comienzo del juicio del caso Faycán y el resurgir del caso Grúas. Resultaba paradójico cómo, mientras en Gran Canaria el juez Salvador Alba se disponía a juzgar lo que muchos califican como “la Gürtel del PP canario”, en Tenerife volvía a ser tendencia lo que muchos equiparan al “pelotazo de libro”. 

El modus operandi era una de las cosas que se destacaba en el caso Las Teresitas. Del “pelotazo de libro” se decía que no era un caso aislado, sino un entramado de casos de corrupción, una forma de actuar que se enmarcaba bajo casos como el mamotreto o Las Huertas. Con el caso Grúas parece que la historia se repite y se vuelve a hablar de un modus operandi.

Tres acontecimientos han marcado la dirección de la historia. Por un lado, la declaración del interventor municipal, que estuvo en los juzgados de La Laguna el pasado lunes. Gerardo Armas Davara, que así se llama, se opuso en 2014 y 2015 a los decretos de José Alberto Díaz y del actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (antes alcalde de La Laguna), para que Autogrúas Poli continuase con el servicio municipal.

También se negó a la concesión del préstamo de 120.000 euros a dicha empresa, y es que Davara mantiene que se trata de actuaciones “contrarias a la legalidad”. Y ojo, porque ya no estamos ante la postura de un miembro de la oposición lagunera, sino ante la declaración del propio interventor municipal.

Le va a resultar complicado a Coalición Canaria hacer réplica y volver a salir en rueda de prensa para defender teorías de la conspiración. Todavía retumba esa frase de González Taño diciendo que “no hay caso Grúas ni hay nada”.

Pero esta no ha sido la única noticia que nos ha dejado el caso Grúas esta semana. Esaú Hernández nos contaba en Mírame TV que la declaración del interventor municipal había provocado que la jueza Celia Blanco llame a declarar a los dos catedráticos de Derecho de la Universidad de La Laguna en cuyos informes se basaron para el levantamiento de los reparos.

Recordemos que tras la negativa del interventor se solicita la opinión de esos dos catedráticos. Esta es la parte de la historia que se ha actualizado esta semana, en la que conocemos quiénes son esas dos personas. Uno de los catedráticos es Francisco Villar Rojas, uno de los redactores de la famosa Ley del Suelo, pero es que el segundo se llama Francisco Clavijo y sería el primo del padre del presidente de Canarias. Otra casualidad.

En paralelo a la decisión tomada por la jueza Celia Blanco, el que fuera denunciante del caso Las Teresitas y ahora uno de los denunciantes del caso Grúas, Santiago Pérez, ha presentado otra denuncia sobre 24 asuntos en los que el Ayuntamiento de La Laguna se ha podido saltar la “legalidad”. Otro motivo que refuerza la teoría del modus operandi y debilita la “teoría de la conspiración” de González Taño.