Preocupación ante las “buenas” noticias sobre el Viera y Clavijo

Es un suplicio al que nos vemos sometidos los ciudadanos en vísperas electorales. Llamativos titulares, declaraciones triunfalistas y medias verdades para someter a una vulnerable opinión pública a criterios partidistas o personales, interesados en camuflar la ausencia de voluntad política para resolver problemas importantes que afectan a la dignidad ciudadana y a los derechos fundamentales de quienes contrataron en las urnas a supuestos servidores del pueblo soberano.

Las realidad es muy otra. Basta con analizar la expandida información mediática sobre la firma de un nuevo convenio de cesión del parque cultural Viera y Clavijo, del Ayuntamiento santacrucero a favor del Gobierno de Canarias, para sustituir el que en 2004 (adenda 2006) sufrió el flagrante incumplimiento por parte del segundo ante la pasividad y consentimiento del primero; con resultado del abandono intencionado de un BIC (Bien de Interés Cultural) declarado Monumento, y la aparente intención especulativa de que, con el tiempo, se cayera por sí solo… Un goloso y céntrico espacio urbano de 33.000 metros cuadrados.

A finales de 2011, ante la sospechosa fechoría que se estaba perpetrando contra esta joya patrimonial, surgió un movimiento reivindicativo en forma de asociación, sin ánimo de lucro y propuesta de “participación ciudadana”, mal aceptada por las autoridades.

Con el apoyo de los medios de comunicación y la ayuda de las redes sociales, se consiguió movilizar masivamente la conciencia colectiva para exigir la rehabilitación del valioso enclave histórico y cultural. Los responsables políticos no tuvieron más remedio que aceptar el desafío a regañadientes, pero con tácticas dilatorias y excusas burocráticas para nadar a contracorriente de la voluntad popular.

Al cabo de una década de inoperancia al respecto, ahora se ofrece como éxito que “se haya desbloqueado, por fin, el conflicto con el Gobierno de Canarias”. Insuficiente consuelo, cuando lo que procedía en su día era la vía penal para resolver el convenio por incumplimiento y reclamar los daños y perjuicios inferidos al patrimonio capitalino. Prevaleció, una vez más, la disciplina de partido sobre el interés general.

Por fortuna, si entonces no hubiese surgido esta asociación, hoy no estaríamos hablando en estos términos; pues es posible que ya no existiera motivo alguno de rehabilitación.

De vuelta a la actualidad, se presentan unos proyectos pletóricos de optimismo, adornados con plazos, fechas y cifras que indican varios años de ejecución operativa. Así parece ser en virtud del valioso testimonio del prestigioso arquitecto Chus del Real, experto en rehabilitaciones, cuyo diagnóstico reza así:

“Analizar muy bien el complejo y diferentes edificios, patologías y soluciones, detalles ornamentales y partes. Entorno y ubicación, teniendo en cuenta la movilidad de la ciudad y estudiar muy bien sus diferentes usos y programas, y así hacer el proyecto más adecuado para ejecutar su rehabilitación. Lo primero es el proyecto, que en resumidas cuentas tiene que incorporar lo que comento. Sin él, que define todo lo que se va a hacer, cómo y cuánto vale, no se puede comenzar la rehabilitación, por lo tanto hay que esperar al proyecto”.

Respuesta de agradecimiento:

De acuerdo en todo contigo, Chus. Faltaría más ante tu excelente conocimiento técnico. Pero llevamos esperando esto desde diciembre de 2011 -fecha del natalicio de nuestra asociación-. ¿No crees que si hubiera voluntad política y un mínimo de interés institucional no llevaríamos una década de desidia oficial, sin hacer nada de lo que, bien dices, hay que hacer, para empezar de cero al cabo de tantos años de abandono intencionado? ¿Cómo podemos fiarnos de quienes incumplieron impunemente un convenio de cesión y ahora firman otro parecido como humareda electoralista? ¿Cómo creer en quienes toman decisiones o dejan de tomarlas, en función exclusiva del cálculo de votos que ganan o pierden según hagan o dejen de hacer tal cosa?

La Dirección General municipal de Patrimonio, adscrita a la Gerencia de Urbanismo, fue el único organismo fiable que, con sus informes técnicos, firmados por su entonces director general, Germán Delgado, presentados en Fiscalía, evitó la demolición de este BIC, contra los criterios destructivos, redactados a ojo y exentos de un mínimo rigor técnico por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife; rebatidos punto a punto por el exquisito estudio -disponible en nuestros archivos- realizado por los técnicos de la citada Dirección General; por cierto, desaparecida de un plumazo hace un par de años con el nuevo mandato y sustituida por una Concejalía de Patrimonio inocua, carente de los conocimientos técnicos imprescindibles.

Estamos en riesgo de que en el desarrollo del inmediato proceso que describes aparezca el técnico iluminado de turno con un informe que declare estado de ruina irreversible e incapacite la rehabilitación. Ahora nos sentimos indefensos ante la presunta maniobra especulativa que se gestó a partir del convenio de cesión incumplido en 2006 por el Gobierno de Canarias, ante la pasividad consentida de nuestras autoridades municipales.

Por suerte, el auto de sobreseimiento de la denuncia presentada ante Fiscalía por esta asociación, tras la investigación de Seprona sobre los citados informes de la desaparecida Dirección General municipal de Patrimonio -documento también disponible en nuestro archivo-, aparte de definir el presunto delito de expolio de patrimonio por la Administración y describir las penas que constan al respecto en el articulado del Código Penal, dejó la puerta abierta como advertencia al respeto legal que requiere el tratamiento de un Bien de Interés Cultural declarado Monumento, ante posibles maniobras de intervención urbanística o arquitectónica.

De buena se libraron algunos, y alguna, al cortarles en seco su perniciosa iniciativa.

No tenemos más remedio que dejar pasar el tiempo y esperar acontecimientos que deseamos favorables al proyecto de rehabilitación, con la esperanza de que, a la larga, resulten positivos y no suceda como con el Balneario de San Andrés y otros casos, cuyo abandono intencionado determinó su actual estado de ruina irreversible.

Difícil es confiar en nuestras autoridades por correlación de antecedentes y carencia de sensibilidad humanística ante estos atentados culturales.

Sin acritud pero con sentimientos de patria chica en bandeja dorada: si un corregidor no está capacitado para corregir desvíos importantes de su municipio, debe dejar sitio a quien pueda, sepa y quiera solucionarlos.

*Secretario de la Asociación Viera y Clavijo