La vivienda, más que una necesidad

Trabajar en la confección de un plan integral de vivienda para Santa Cruz. Con este compromiso, adoptado unánimemente por todos los grupos presentes en el Salón de Plenos, concluyó este viernes la sesión celebrada por la corporación municipal. Tras siete horas de debate sobre la problemática de la vivienda, que en esta ciudad tiene un diagnóstico similar al de otras capitales, la mejor noticia fue la voluntad de consenso evidenciada al cierre del mismo. A partir de ahora, gobierno y oposición –junto con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y otras entidades públicas y privadas– han de trabajar en la elaboración de un documento que nos permita aplicar una batería de medidas de fomento del acceso a la vivienda en el cuatrienio 2014-2018.

Esas medidas que se pretende definir desde el Ayuntamiento tendrán carácter adicional a las ya adoptadas. Y nos referimos a las que se recogen en los planes de rehabilitación y reposición de viviendas promulgados por los últimos gobiernos del Estado, con luces y sombras evidentes respecto a su ejecución efectiva. Basta con fijarnos en las consecuencias que han tenido en nuestro entorno más cercano, del todo positivas en cuanto a la reposición en Cuesta Piedra, o parcialmente, en el caso de la rehabilitación de bloques de viviendas en Miramar y Santa María del Mar. Lo mismo que absolutamente ineficaces en aquellos barrios del municipio donde sus vecinos continúan a la espera de que los planes estatales se materialicen en obras.

La crisis económica ha agudizado el problema del acceso a la vivienda para las familias más desfavorecidas. La destrucción del empleo y la falta de recursos económicos han dejado sin hogar a muchísimas personas, como se pone de manifiesto en toda la geografía española. Y Santa Cruz forma parte de esa realidad. Solo en los tres últimos años, las ayudas básicas para alquiler que concede el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), se han visto duplicadas. Si en 2011 se facilitaron 384, dos años después se pasó a 758. Por más que redoblemos localmente la respuesta en este sentido –como en el conjunto de la política asistencial–, la lucha contra el desempleo y la pobreza exige planes certeros desde instancias superiores.

Sirvan también como ejemplos de la acción municipal en beneficio de las familias que más lo necesitan, la creación de una Bolsa de Vivienda en alquiler, mediante convenio con una entidad inmobiliaria; la aprobación del protocolo de ayuda a las personas afectadas por desahucios y la apertura de una oficina de intermediación hipotecaria, en colaboración con el Colegio de Abogados. Son iniciativas pioneras en Canarias, con una efectividad probada, que se contraponen con la falta de éxito de medidas estatales como el Fondo Social de Viviendas, que sigue sin tener en Santa Cruz una repercusión práctica.

Además, la paralización de planes estatales ya aprobados, como el de fomento del alquiler de viviendas, rehabilitación edificatoria y regeneración y renovación urbanas, previsto para el período 2013-2016, agrava la situación. Pendiente de la orden ministerial que facilite la firma de convenios con comunidades autónomas y administraciones locales, la financiación de las obras continúa en el aire. Así se recoge en los informes técnicos y jurídicos de distintos departamentos municipales. Por más que deseemos sacar a concurso los proyectos previstos, la legalidad no lo permite. Es imprescindible que el Gobierno de España mueva ficha en forma de orden ministerial.

Sobre las justificaciones de planes ministeriales previos, existe asimismo una discordancia evidente en los números esgrimidos desde cada parte. De ahí que nos hayamos dirigido a la responsable de Fomento para que informe al Ayuntamiento sobre la vigencia de los convenios formalizados en su día, en virtud de los planes 2005-2008 y 2009-2012, además de garantizar su financiación dentro del nuevo aprobado por su Gobierno. Porque no se trata de quedar bien –sobre todo en asuntos de carácter social– sino de hacer bien las cosas.

Tenemos ante nosotros la posibilidad de firmar los convenios y poner en marcha los proyectos de rehabilitación previstos en Ofra, El Toscal, Santa María del Mar, Miramar, La Salud y La Victoria, igual que los de renovación en Cuesta Piedra y La Candelaria. Es una necesidad imperiosa para muchas familias del municipio y facilitaría, además, la actividad económica y la creación de empleo en el sector de la construcción. Pero requiere, como venimos insistiendo, que el Gobierno del Estado se decida, de una vez por todas, a publicar la orden ministerial correspondiente y el Gobierno de Canarias y el Cabildo se sumen también con la financiación necesaria. Es una cuestión de legalidad. No hay otro camino.