Zerolo no tiene a Eligio Hernández como abogado ni ha decidido recurrir
Ni está decidido el recurso ni será Eligio Hernández quien en tal caso lo tramite. En el entorno de Miguel Zerolo, condenado el pasado julio a ocho años de inhabilitación por prevaricación por el caso García Cabrera, reina la perplejidad tras la noticia publicada este miércoles en El Día y luego difundida por Europa Press. En ella, el ex fiscal general del Estado anunciaba que habría recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional tras la sentencia condenatoria, al considerar el letrado Eligio Hernández que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de los acusados y se contravinieron “al menos diez sentencias” del Tribunal Supremo, donde se juzgó la causa. Por tales motivos, el ex fiscal general del Estado ha anunciado que también planteará ante el alto tribunal un incidente de nulidad de la sentencia.
Miguel Zerolo no se ha manifestado al respecto, pero en su entorno recuerdan que Eligio Hernández no es el abogado del todavía senador por la Comunidad Autónoma. Lo fue, durante esta causa, del también condenado Guillermo Núñez, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Santa Cruz cuando ocurrieron los hechos juzgados. El letrado que representa a Miguel Zerolo es Javier Muñoz Cuesta, ex fiscal general de Navarra, integrado en el bufete madrileño Martínez-Echevarría.
Las declaraciones de Eligio Hernández a El Día causaron estupor en el entorno del senador, que recibió la sentencia formalmente hace tan solo unos días y que todavía no conoce la intención de su abogado de recurrirla o no.
Aunque inicialmente se atribuyó a un error del periodista vincular la defensa y el recurso a Miguel Zerolo, parece confirmarse que fue Eligio Hernández quien motu proprio llamó al periódico para anunciar estos recursos en nombre tanto de su cliente como del exalcalde de Santa Cruz de Tenerife.
Miguel Zerolo Aguilar fue condenado en julio pasado por el Tribunal Supremo a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa por la adjudicación irregular de unas obras en 2003 en un edificio municipal, el viejo instituto García Cabrera, de Ofra, por siete millones de euros.
En concreto, el Supremo inhabilitó a Zerolo a ocupar los cargos de alcalde, teniente de alcalde, concejal o cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implique la participación en el gobierno municipal, con la incapacidad para obtener otros análogos en el ámbito insular, autonómico o estatal durante el tiempo de la condena.
La sentencia del TS, de la que fue ponente el magistrado Juan Saavedra Ruiz, también condenaba a la misma pena al ex teniente de alcalde y exconcejal de Santa Cruz de Tenerife Guillermo Núñez Pérez, mientras que el tercer acusado, el funcionario municipal Joaquín Castro Brunetto, lo absolvió.
