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El Cabildo de Tenerife gastó 120 millones con reparos de la Intervención General entre 2015 y 2017

Fernando Sabaté, en un pleno del Cabildo de Tenerife

Tenerife Ahora

Santa Cruz de Tenerife —

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El grupo de gobierno en el Cabildo de Tenerife ha gastado entre 2015 y 2017 (cuatro ejercicios presupuestarios) un total de 120,6 millones de euros de los presupuestos insulares con reparos de legalidad realizados por la Intervención General, lo que, según resalta el portavoz del grupo insular de Podemos, Fernando Sabaté, “representa que el Ejecutivo de Carlos Alonso ha gastado en contra del criterio de legalidad de la Intervención una media de 110.223 euros al día, incluyendo sábados y domingos”, se afirma en una nota de prensa de esta formación política, en la oposición en la mencionada Corporación insular.

Para Sabaté, “esto es un escándalo, se mire como se mire, sobre todo teniendo en cuenta que solo estamos hablando de las advertencias de gasto irregular en el Cabildo, sin contar la referidas a los organismos autónomos, sociedades públicas y fundaciones de la misma Administración insular”.

El portavoz insular de Podemos añadió que, sumando las discrepancias de la Intervención con las operaciones financieras de alto riesgo del tipo swaps contratadas en 2011 por ese Cabildo, el cómputo total de gasto reparado por el área de fiscalización económica del Cabildo entre 2015 y 2017 (tres años) asciende a casi 600 millones de euros. “La cifra da hasta mareo, si bien es cierto que, por asuntos contables, la misma incluye tres veces la cuantía total de los swaps contratados, pues el informe de reparos de la Intervención recoge el importe total de esas operaciones financieras cada año”.

En cuanto a la evolución de gasto anual realizado en este Cabildo con advertencia de ilegalidad por parte de la Intervención, Sabaté detalló que es de 31,9 millones de euros en 2015, de 30,6 millones en 2016 y de 58 millones de euros en 2017. “Esto, según el cómputo validado por el propio presidente insular, Carlos Alonso, en un informe que rebate los reparos y las advertencias realizadas por la Intervención”.

Añadiendo a cada año el importe total de los swaps contratados, tal y como hace el área de fiscalización económica insular en el informe anual que remite al Tribunal de Cuentas, la cuantía de gasto reparado sumó 203,7 millones de euros en 2015, 215,2 en 2016 y 180,9 en 2017.

El portavoz de Podemos subrayó que, aunque el Gobierno insular incide en que todos esos reparos “han sido resueltos favorablemente apoyándose en informes del secretario general del pleno y del titular de la asesoría jurídica en sentido contrario a lo manifestado por la Intervención General”, lo cierto es que “resulta preocupante que el grupo de gobierno gaste tantísimo dinero con cuantiosas discrepancias legales del área de fiscalización económica”.

Sabaté sostuvo que, “por mucho que este grupo de gobierno trate de minimizar la importancia y gravedad de esas discrepancias de legalidad en su forma de gastar el presupuesto del Cabildo, a nadie se le escapa que la Intervención se limita a hacer advertencias en función de lo que marca la legalidad vigente, no según sus caprichos o criterios subjetivos”.

El consejero insular de Podemos se planteó una pregunta que él mismo responde: “¿Qué sería lo correcto? Pues lo suyo sería que el Ejecutivo de Carlos Alonso asumiera que es fundamental adaptar el gasto presupuestario del Cabildo a los criterios de legalidad de la Intervención, máxime si se tiene en cuenta que sus reparos aluden a anomalías en procesos de contratación y adjudicación de personal, obras y servicios o, entre otras cuestiones inquietantes, al alarmante exceso de subvenciones a dedo que lleva a cabo este gobierno”.

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