Alonso aboga por un cambio en la Ley Turística para regularizar una veintena de hoteles

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, reconoce la existencia de una veintena de establecimientos hoteleros y extrahoteleros que se encuentran en situación alegal en la Isla, por lo que apela a una modificación legislativa que permita regularizarlos.
De hecho, destaca que “desde el Cabildo hemos hecho una propuesta el Parlamento autonómico para que, en el marco de la revisión de la Ley Turística, se haga una pequeña modificación en las disposiciones transitorias que termine de solucionar el problema”.
Alonso reconoce que “se trata de una situación antigua que afecta a establecimientos ubicados, fundamentalmente, en los municipios de Arona, Adeje y Santiago del Teide, y que se produce por no haber podido cumplir una serie de trámites, bien de tipo urbanístico o sectoriales, es decir, relacionados con los estándares y la volumentría que establece la Ley de Turismo”.
Sobre este asunto, recuerda que durante la tramitación de la actual normativa “trabajamos con el Gobierno de Canarias para que se incrporaran dos disposiciones transitorias que permitieran su legalización. Sin embargo, éstas se modificaron en el debate parlamentario con lo que resultaron poco útiles para desarrollar el proceso de regularización”.
Igualmente, revela que “el otro día tuvimos una reunión con el conjunto de establecimientos que están en esta situación y conseguimos dar salida a alguno de los casos, atendiendo a los criterios que exige la ley en actualmente en vigor”.
En esta línea, subraya que “una de las condiciones que se establece para la regularización es la inversión para la mejora de la calidad del establecimiento y adaptarse a los estándares”.
Por tanto, incide en que “el objetivo es que este importante número de camas turísticas que están en funcionamiento, pero no tienen la licencia final de apertura, y a cuyos establecimientos se les han abierto procedimientos de infracción por parte del Servicio de Inspección del Ejecutivo regional, queden plenamente bajo el amparo legal, lo cual dará total garantía a sus clientes e incrementará el nivel de calidad”.