El exinterventor dice que su informe sobre Las Teresitas fue positivo porque resultó “engañado”

Antonio Messia, que fue interventor general del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y que está acusado en el caso de Las Teresitas por emitir un informe favorable a la compra del frente de playa, ha declarado en la sesión de este viernes (11 de noviembre) que se cree engañado porque le ocultaron la existencia de tres informes que valoraban el precio de las parcelas en una cantidad muy inferior a la pagada.

Messia ha asegurado que, si los tres informes hubieran sido incluidos en el expediente del convenio de compraventa que el Ayuntamiento suscribió en 2001 con los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, hubiera formulado un reparo en su informe, que en su momento fue favorable.

En la misma línea, el entonces secretario general del Ayuntamiento, el también acusado Eugenio de Zárate y para el que la fiscalía pide cuatro años de prisión (los mismos que para el interventor) ha afirmado que, de haber figurado en el expediente las tres valoraciones excluidas, hubiera tenido que modificar su informe, que entonces fue favorable a la operación.

El frente de playa fue adquirido por 52,5 millones de euros a pesar de que, según la fiscalía, el Ayuntamiento contaba con tres informes que rebajaban su valor a unos 18 millones, realizados por la arquitecta municipal Pía Oramas, la Universidad Carlos III y la tasadora Pool Gest, además de un anexo de la empresa Sociedad de Tasaciones que se ha conocido durante el juicio.

“¡Por supuesto, sin ninguna duda!”, ha exclamado rotundo Messia cuando fue preguntado por la fiscalía si esas cuatro valoraciones deberían haber sido incluidas en el expediente del convenio de compraventa sobre el que tuvo que informar.

Esas valoraciones, ha dicho el entonces interventor, “son muy relevantes” y su exclusión “desvirtúa la actuación fiscalizadora”. Pero además introduce “un sesgo” en la información que recibieron los concejales que participaron en el pleno municipal en el que se votó a favor por unanimidad de la compraventa y “se orienta” su actuación.

“A quien se ha engañado no es a mí personalmente, a Antonio Messia”, sino a la persona encargada de la fiscalización, ha dicho, y ha añadido que de haber sabido de la existencia de esas valoraciones hubiera introducido un reparo en su informe que solo habría podido ser levantado directamente por el pleno municipal.

Pese a que no conocía esas valoraciones inferiores, el informe de la intervención municipal fue favorable, “pero no limpio”, porque se incluyeron doce observaciones, tres de las cuales fueron atendidas.

Messia ha dicho que, tal como él conoció el expediente, no había motivos para poner reparos desde el punto de vista del procedimiento, puesto que además de las tres tasaciones que sí se incluyeron (por 72, 60 y 47 millones de euros) había un peritaje realizado por el funcionario Javier López Vergara, del área económica, y por el exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo Víctor Reyes, que concluía que la valoración de 60 millones era la más completa.

El exsecretario general del Ayuntamiento Eugenio de Zárate también ha considerado que los informes de valoración encargados por el Ayuntamiento, que situaban el precio en torno a 30 millones de euros, también deberían haber sido incorporados al expediente.

Ha asegurado que cuando él emitió un informe favorable del proyecto de convenio no conocía ninguna de esas valoraciones más bajas, puesto que no fueron incluidas en el expediente.

Si hubieran sido incluidos, Eugenio de Zárate ha dicho que hubiera tenido que cambiar el sentido de su informe, favorable a la compra de los terrenos por 52,5 millones de euros. Esos informes hubieran obligado a “cuestionarse la oportunidad de aceptar la oferta que se aceptó y a ir a otro tipo de acuerdo”, ha sostenido.

Como no conocía los informes, a la luz de las tres tasaciones incluidas, ha consideró que el precio que se proponía era razonable y que el expediente era correcto, ha explicado.

Antes que los dos funcionarios del Ayuntamiento, ha comparecido como acusado José Luis Roca, que entonces ejercía como interventor delegado en la Gerencia de Urbanismo.

Roca ha defendido la corrección de su actuación en septiembre de 2001 en el primer pago de un cheque de 5.687 millones de pesetas por la compra de los terrenos (34 millones de euros, el 65% del precio total).

Ha reconocido que era una cifra “que asustaba” y que nunca había endosado un cheque por esa cantidad, pero ha matizado que “no fue un cheque que saliera volando de una mano a otra”, sino que es un pago sustentado en un expediente de modificación de crédito.

La fiscalía sostiene que toda la operación de pago se produjo de forma acelerada y que el expediente se elaboró después debido a que los dos empresarios estaban apremiados por la necesidad de hacer frente a los intereses del préstamo que habían suscrito con CajaCanarias para adquirir los terrenos en 1998 por valor de 33 millones de euros.