El Cabildo de Tenerife incumple la regla de gasto en la ejecución presupuestaria de 2024

El Cabildo de Tenerife, gobernado por CC y PP y con la nacionalista Rosa Dávila como presidenta desde julio de 2019, ya conoce con certeza o tiene la confirmación oficial de que en su ejecución presupuestaria de 2024 incumplió la llamada regla de gasto (sobre el presupuesto consolidado: Cabildo de Tenerife, organismos autónomos y entes públicos dependientes y adscritos que consolidan en términos de Contabilidad Nacional), que es tanto como desviarse del objetivo legal o no atender las consideraciones establecidas en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esta es una norma estatal de elevado rango y conexión comunitaria que, tras la suspensión de su aplicación por la pandemia de la covid, retomó su vigencia a partir del 1 de enero de 2024. 

En el primer año completo de gestión presupuestaria del nuevo Ejecutivo insular (en el mandato 2019-23), este es, sin duda, uno de sus balances negativos: el gasto computable para 2024 en la citada Corporación ha alcanzado la cifra de 917,9 millones de euros, según el informe (identificado en su portada como “informe independiente”) de la Intervención General de esa misma administración pública (al que ha tenido acceso este periódico digital), aunque solo debió estar, como máximo, en 800,5 millones, en aplicación de la regla de gasto que regula la mencionada ley orgánica. El desvío, que tiene consecuencias, supone superar en casi el 15% (14,7%) el tope legal existente, el ya aportado de 800,5 millones.

Hay que saber que la regla de gasto es un mecanismo fiscal establecido en el marco de aquella ley orgánica con el fin de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas mediante la limitación del crecimiento del gasto no financiero de las administraciones públicas. Así, el artículo 12 de la ley exige a las entidades locales, entre ellas los cabildos insulares, que la variación del gasto computable no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española. Dicha tasa asciende al 2,6% para 2024, la cual se aplica sobre el gasto computable de la liquidación presupuestaria de 2023. Esa tasa será del 2,7% para 2025 y del 2,8% para 2026.

Aquel desfase financiero en el Cabildo de Tenerife, siempre atendiendo a lo regulado en la reseñada ley orgánica, obliga a la presentación y aprobación por parte del Cabildo de un Plan Económico Financiero (PEF), comúnmente conocido como plan de ajuste, con el objetivo de reequilibrar las cuentas durante este año, 2025, y el próximo, 2026.

Tal y como se identifica en el citado documento de la Intervención General, que consta de 41 páginas, el incumplimiento de la regla de gasto o el desfase confirmado de 117,4 millones de euros para 2024 tiene sus raíces, entre otros elementos, en los siguientes: 

-El los pagos aplazados y convenios de inversión, debido sobre todo a los ajustes vinculados a obras hidráulicas con Acuaes, a operaciones como las del hotel Taoro y al canon del hotel Mencey, que suman 24,7 millones de euros.

-Gastos no aplicados al Presupuesto: son más de 7,4 millones de euros que fueron ejecutados sin estar reflejados contablemente, lo que afecta principalmente a la transparencia y el control del gasto.

-Pagos a operadores privados en centros sociosanitarios: se computan 1,9 millones de euros vinculados a infraestructura financiada en ejercicios anteriores.

-Inversiones a través de terceros: más de 5,6 millones de euros ejecutados por otros entes pero computados como gastos del propio Cabildo.

-Y luego la eliminación de determinadas tasas (caza, carreteras, residuos…). Esto ha reducido los ingresos estructurales en más de 500.000 euros, lo que a su vez rebaja el límite legal de gasto.

Teniendo en cuenta lo que recoge la Ley Orgánica 2/2012 sobre las implicaciones de no cumplir la regla de gasto, el Cabildo de Tenerife tiene ahora la obligación de presentar un Plan Económico Financiero (PEF) para corregir el desfase existente entre este año y el siguiente.

Junto con la necesidad de elaborar, aprobar y ejecutar el plan de ajuste, el Cabildo se verá sometido al control del órgano de tutela financiera, del Gobierno de Canarias, que le podría imponer condiciones, evaluaciones y requerimientos adicionales para garantizar el cumplimiento del programa decidido para retomar la normalidad económico-financiera.

Pero no solo será eso. Además, puede producirse la retención de créditos, solo en el caso de incumplimientos, lo que implicaría retener parte de las transferencias o subvenciones desde la comunidad autónoma o el Estado. A esto se puede unir la implantación de un control financiero reforzado, en el que la Corporación estaría sujeta a autorizaciones previas o fiscalizaciones especiales de sus gastos por parte de órganos de control financiero externos.

Y a todas esas indicaciones también se añade el impacto reputacional, en la confianza hacia la Corporación. En efecto, ese incumplimiento de la regla de gasto se puede trasladar en negativo a los niveles de credibilidad institucional ante la ciudadanía, otras administraciones públicas e inversores públicos o privados, con lo que es posible que afecte al rating (calificación crediticia) del Cabildo de Tenerife.