El Gobierno afirma que trabaja “con paso firme” para que los areneros de Güímar restituyan el daño realizado
El Gobierno de Canarias va a seguir trabajando con paso firme para que se cumpla la sentencia que obliga a restituir el daño causado por la extracción de áridos en Güímar y que los condenados cumplan su responsabilidad sin que los canarios tengan que hacerse cargo de su delito.
De esta manera se pronunció el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, en el Parlamento regional en una comparecencia sobre los expedientes relativos a las canteras de extracción de áridos en Güímar, en la que el diputado socialista Gustavo Matos lo acusó de andar “como un funambulista sobre el delgado hilo que separa las responsabilidades políticas de las que no lo son”.
Matos advirtió al consejero de que ha hecho “poco o nada” por cumplir una proposición no de ley que aprobó el Parlamento sobre este asunto en mayo del año pasado y tampoco ha elaborado un plan de desarrollo de los recursos extractivos en Canarias.
“Los agujeros de los barrancos de Güímar no se crearon solos, fueron hechos por unos empresarios con la mirada puesta en otra parte de los responsables del Cabildo de Tenerife, que tienen nombres y apellidos en los últimos 25 años”, aseveró.
El consejero replicó que el Gobierno va a seguir trabajando con la misma intensidad y seriedad con la Justicia para que se ejecute la sentencia en este ámbito y que los condenados cumplan su responsabilidad, por lo que avisó a los empresarios involucrados de que “no sirven los intentos de expandir tinta de calamar y botes de humo”.
Ortega enumeró la situación de los expedientes por los que las seis canteras afectadas deben restituir la situación, de los que se deduce que dos titulares aún no han contestado a los requerimientos al efecto.
Román Rodríguez, de Nueva Canarias, exigió la restitución del daño causado porque “hubo gente que se saltó la ley y pretende eludir sus responsabilidades”, y advirtió de lo que no puede suceder es que esta reposición “cueste ni un euro al erario público”.
Rodríguez también aludió al hecho de que, sin que se repita “el desmán que supuso el atropello a los barrancos de Güímar”, hay que buscar una solución a la falta de áridos en Tenerife porque tampoco se puede frenar la actividad económica,
Concepción Monzón, de Podemos, afirmó que éste es uno de los mayores destrozos ecológicos de Canarias y expresó su deseo de que se aclare el uso de los barrancos, mientras que la diputada popular Cristina Tavío opinó que “ni vaciando el Teide se conseguirán rellenar esos descomunales hoyos, la mayor degradación ambiental del Archipiélago”.
Por el grupo Mixto Jesús Ramos afirmó que el consejero ha dado “un diario de a bordo” de la situación pero no ha dicho cuándo se va a solucionar y cuánto va a costar, y asevero que también las administraciones tienen cierta culpa por su inacción.
“La labor inspectora ha dejado mucho que desear, porque el atentado ecológico en Güímar no se hizo de la noche a la mañana, y o podemos permitir esa falta de control y de diligencia”, aseveró.
La parlamentaria nacionalista Socorro Beato, que solicitó la comparecencia, consideró por el contrario que CC ha sido siempre coherente en este asunto porque “nos preocupa Güímar y tenemos el compromiso de poner todo de nuestra parte para solucionar el problema”, y manifestó que “han sido otros” los que se han apartado sin explicar bien los motivos.
“Fueron otros los que dejaron tirados a sus compañeros del Cabildo (de Tenerife)” cuando promovió una proposición de ley que fue rechazada en el Parlamento, insistió Beato, quien además dijo que los areneros con sus incumplimientos reiterados desafiaron al Ayuntamiento, al Cabildo y al Gobierno y desafiaron a la Justicia.
Al respecto, recordó que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha suspendido la entrada en prisión hasta que entreguen un plan de restauración los empresarios condenados, y ha dictaminado una prórroga de un año para este objetivo.
