Granadilla de Abona se suma a los tres municipios de Tenerife que quieren ser zona tensionada

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, ha aprobado en el pleno celebrado este miércoles, instar al Gobierno de Canarias a que declare al municipio como zona de mercado residencial tensionado, acogiéndose a la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda que aprobó el Gobierno de España. La moción, fue presentada por la Alcaldesa, Jennifer Miranda ( PSOE) y aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos.

El ayuntamiento en un comunicado ha explicado que “el objetivo prioritario de esta declaración, es la de seguir implementando un abanico amplio de instrumentos que ayuden a solucionar el grave problema de vivienda que sufre Granadilla de Abona, apostando por la función social de la vivienda, a través del establecimiento de alquileres asequibles que alivien la carga económica que sufren muchos ciudadanos a la hora de hacer frente al pago de sus alquileres”.

Miranda ha expuesto el precio de la vivienda como el “principal problema que sufre la población de Granadilla de Abona”.

Una vez remitada la solicitud, en el caso de que se cumplan las condiciones recogidas en la ley, será el Gobierno de Canarias como administración competente la que realice el estudio donde se analice si los gastos en el alquiler o la cuota hipotecaria superan  el 30% de los ingresos medios de las familias granadilleras. Una vez acreditada esta circunstancia, se podrá declarar como zonas tensionadas aquellos núcleos residenciales en los que se cumplan dichos requisitos.

Esta solicitud, se une a otras medidas llevadas a cabo por el gobierno municipal, formado por el PSOE y el PP, como el desbloqueo de casi 300 viviendas en la zona de Los Hinojeros, en Granadilla casco o la cesión de más de 3.000 metros cuadrados al Instituto Canario de la Vivienda para la construcción de vivienda pública.

Desalojo de 45 asentamientos ilegales en el municipio

El pasado 21 de marzo, se desplegó un operativo con un total de de 25 efectivos, entre Policía Local y Guardia Civil, para desalojar un total de hasta 45 asentamientos en las zonas de La Mareta y Charco del Clérigo, que habían sido avisados previamente, el pasado 13 de marzo, con una notificación de dicho desalojo a las casi 100 personas, en su mayoría extranjeros de nacionalidad europea que residían en dicho entorno costero.

Tras este desalojo, el Ayuntamiento explicó en un comunicado que el municipio, al igual que otras zonas del sur de Tenerife, ha venido sufriendo la proliferación de asentamientos ilegales en una parte importante de su costa.

La concejala con Delegación Especial en Seguridad , Carmen Dolores Rodríguez, destacó que el operativo “se desarrolló con total normalidad”, además al haber sido notificados previo al desalojo, la gran mayoría de cuevas se encontraban desocupadas, aunque, según informó el consistorio, hubo un detenido en el operativo.

Santa Cruz, Adeje y La Orotava

Granadilla de Abona se suma a otros tres municipios de la isla de Tenerife para instar al Gobierno de Canarias a declararse zona tensionada.

El Ayuntamiento de Adeje, en el sur de la isla y uno de los más turísticos de Canarias, anunció este martes que votará en el próximo pleno una moción sobre si instar al Gobierno canario a que encargue los estudios necesarios para, según los datos que este aporte, declarar también el municipio tensionado. Ese sería, según informó el propio Ayuntamiento de Adeje, gobernado por el PSOE, el primer paso de un plan “más ambicioso” en el que también se contempla la construcción de más viviendas, la búsqueda de suelo para construir y “multiplicar las casas” en la zona de Armeñime.

Previamente, el Ayuntamiento de La Orotava (dirigido por CC) aprobó el pasado noviembre en un pleno iniciar los trámites para valorar si declararse zona tensionada, cosa que aún no ha ocurrido.

Este miércoles ha sido el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria (CC), el que ha dictado una instrucción por la que solicita a la empresa Viviendas, Proyectos y Obras Municipales un informe para analizar si el municipio, en su conjunto o en una zona, debe declararse zona de mercado residencial tensionada.

Mientras, el Gobierno canario lo apuesta todo a la construcción

Mientras tanto, el Gobierno canario, tras el anuncio de Adeje, declaró este martes que, en lugar de la declaración de zonas tensionadas, sería una solución al problema habitacional en las islas apostar por el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, así como por la futura ley de alquiler turístico, aún en preparación.

Este decreto de medidas urgentes no contempla en ningún caso que hacer con las más de de 200.000 viviendas vacías que existen en las Islas, ni medidas para evitar que esas nuevas construcciones acaben destinadas a alquiler vacacional o se vendan a no residentes. 

El decreto ley, consultado a expertos por Canarias Ahora, ha tenido diferentes reacciones, por un lado, la patronal de la construcción y los círculos insulares de empresarios lo celebraron, pero, el lado contrario, lo ha llegado a calificar como un “golpe de estado a la planificación urbanística”; son la la mayoría de los cabildos insulares, quienes consideran que el texto requiere de modificaciones; y los ayuntamientos, claves en el desarrollo de la normativa, pero marginados en su elaboración.

Además, para aumentar esas construcciones se prevé poner más suelo a disposición de las constructoras, incluso suelo destinado a equipamientos municipales (como colegios, centros sanitarios o jardines, por ejemplo). También se planteó la posibilidad de recalificar suelo rústico escudándose en la “emergencia”. Una idea de recibió una lluvia de críticas y que incluso estuvo calificada por expertos como “una burrada” y que finalmente no se incluyó en el decreto.

El Cabildo de Tenerife pide “prudencia”

Tras el anuncio de Adeje, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, del PP, ha pedido este miércoles “prudencia” para decidir si un municipio debe declararse zona tensionada en materia de vivienda porque, en su opinión, topar los precios del alquiler puede provocar el efecto contrario y contribuir a su incremento.

La presidenta insular, Rosa Dávila, ha dicho que Adeje tendrá el “apoyo” del Cabildo pero ha afirmado también que no constan solicitudes de Adeje para adherirse al programa insular Activa Vivienda.