El sindicato CSIF acusa al alcalde de La Matanza de suplir a la Policía Local con Protección Civil y vigilantes municipales

La central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia “malas praxis” del alcalde de La Matanza de Acentejo, Ignacio Rodríguez Jorge, y el concejal de Policía, Manuel Lorenzo Chaves Sálamo, que ha provocado “presuntas irregularidades” en la gestión de la seguridad en el municipio.

“Rodríguez Jorge no cesa en su empeño de incumplir la normativa autonómica en lo que respecta a la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias, con el beneplácito del Gobierno regional”, critica el sindicato en un comunicado.

En concreto, CSIF acusa a los cargos públicos del PSOE en el municipio de Tenerife de contratar personal incumpliendo la normativa y atribuir funciones a Protección Civil y a vigilantes privados que corresponden a la Policía Local y a la Guardia Civil.

En la nota, el sindicato especifica que el 23 de marzo de este año, el Ayuntamiento publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife las bases de una convocatoria de tres plazas para la Policía Local. A su juicio, el procedimiento incumplía la normativa porque suponía “la creación de una lista con los aspirantes que hayan aprobado el proceso selectivo y que no hayan obtenido la condición de funcionarios de carrera, con el fin de cubrir posibles vacantes que posteriormente puedan ocasionarse”.

CSIF asegura que no es la primera vez que el alcalde comete “presuntas irregularidades” en este ámbito. Así, recuerda que el 17 de junio de 2020 publicó unas bases para la selección de vigilantes municipales y la constitución de listas de reserva. Sin embargo, el sindicato defiende que la normativa prohíbe la esta figura desde 1997 en aquellos municipios que cuenten con agentes de Policía Local.

“Esa forma de actuar del alcalde, actuando al margen de la legalidad, sin respeto al marco jurídico establecido, parece no tener fin, y como a ello no se pone coto alguno legalmente ni tiene consecuencias jurídicas, este modo de actuar está siendo copiado y seguido por el concejal de Policía”, sostiene la nota.

El sindicato también ha expuesto “la mala praxis y presuntas irregularidades cometidas por el concejal de Policía en los días de la pasada Semana Santa”. El 28 de marzo, CSIF asegura que Chaves Sálamo aprobó un decretó para autorizar y habilitar a Protección Civil y a los vigilantes a “realizar funciones de cortes de tráfico en todos los eventos deportivos o de otra índole”.

CSIF considera que con el decreto “se intentó dar apariencia legal a las actuaciones premeditadas y manifiestamente ilegales que se realizaron posteriormente”. En este sentido, dice que Protección Civil y los vigilantes contrataron servicios de grúas y realizaron funciones de cortes de tráficos en vías urbanas e interurbanas.

“Los vecinos y vecinas del municipio se encontraron que sus vehículos estacionados fueron retirados de la vía pública sin ningún amparo legal y sin la autorización de la autoridad competente, pues en las vías públicas urbanas corresponde esa función a la policía local de ese municipio y en las vías interurbana, a la guardia civil de tráfico”, abunda el comunicado.

“Además los vigilantes municipales y voluntarios de protección civil se encargaron de realizar los cortes de tráfico, tanto en vías urbanas como en interurbanas, sin que para ello estuvieran bajo el mando o instrucciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad”, añade el sindicato.

Por todo ello, CSIF acusa, tanto al alcalde como al concejal de Policía, de “la usurpación de funciones propias de la Policía Local y Guardia Civil de tráfico por parte de los vigilantes municipales y voluntarios de protección civil, por orden de los mencionados cargos públicos”.

El sindicato detalla que esta forma de proceder atenta contra desarrollo de la labor policial, menoscaba y desacredita su trabajo, así como afecta a su imagen y dignidad profesional.

“Desde CSIF no podemos quedar en silencio cuando estos trabajadores públicos son injustamente tratados y apartados por cumplir fielmente con su trabajo al servicio de la ley”.

El sindicato concluye el comunicado manifestando su preocupación por la modificación que impulsa el alcalde de La Matanza de Acentejo, que apoya la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y el Gobierno de Canarias de la ley “para dar cobertura a acciones que al día de la fecha no tienen amparo legal alguno”.