Una asociación censura la “argucia técnica” de CC y PP para derribar el teatro Pérez Minik de Santa Cruz de Tenerife, un Bien de Interés Cultural

La asociación Por la Rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo, en Santa Cruz de Tenerife, censura lo que considera un “regate” del gobierno local (CC-PP) para acabar derribando el teatro Pérez Minik, inserto en este edificio emblemático de la capital tinerfeña. Los integrantes de la entidad censuran la “argucia técnica, llamada modificación urbanística, para saltarse la obligación de que, antes de la demolición de un Bien de Interés Cultural (BIC), resulta imprescindible un complejo trámite de desafectación o un informe técnico de estado de ruina, que tampoco es fácil de justificar”.

Los miembros de la asociación reaccionan así tras el anuncio, del pasado fin de semana, del gobierno local de demolición de este teatro y ya han solicitado al Seprona que les aporte el resultado del seguimiento que solicitaron el pasado mes de septiembre, “cuando surgió la nueva alarma mediante otra denuncia”. También le han pedido información al área de Patrimonio del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife, así como a la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz. Por eso, quedan pendientes de las posibles respuestas “hasta que se cumpla la fecha límite para acudir con todos los expedientes a la Comisionada de la Ley de Transparencia” en su defecto.

La entidad, surgida en 2011, recuerda que en 2015, “y tras varios avatares adversos y mucha oposición oficial a nuestra defensa del patrimonio después de haber conseguido algunos hitos positivos y puntuales, nos encontramos solos ante la amenaza anunciada de demolición del BIC teatro Pérez Minik. Una situación crítica cuya única salida para nosotros fue denunciar en Fiscalía el delito de expolio de Patrimonio por la Administración que se iba a cometer contra el Pérez Minik”.

En ese momento, “y gracias a la eficacia del Seprona y al dictamen de Fiscalía, que rechazó los informes técnicos del Cabildo y Gobierno de Canarias por falta de rigor”, se protegió el BIC. Para ello, se siguió un informe de Patrimonio Municipal de mucha mayor calidad que los esgrimidos por dichas administraciones. La denuncia de la asociación se archivó, “pero la fiscal avisó a los implicados de que, si llegan a meter la pala”, se exponían “a multas, inhabilitaciones e, incluso, penas de cárcel”.

Por eso, remarcan que en ese momento se “frustró la maniobra destructiva y, a partir de ahí, las autoridades parecieron renunciar a futuras demoliciones, considerando la conveniencia de rehabilitar. Pero, al parecer, han vuelto a las andadas y han gestado una argucia técnica llamada modificación urbanística”.