La Justicia desestima el recurso de la multinacional Sacyr para seguir recuperando el canon que pagó por explotar Emmasa

El juez titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha rechazado la solicitud de la multinacional Sacyr de dejar sin efecto la orden que dio el Ayuntamiento de la capital tinerfeña para que la empresa mixta de aguas de la ciudad (Emmasa) suspendiera el pago a la multinacional en concepto de recuperación del canon abonado para poder explotar el servicio y la red de aguas en la ciudad.

Según un comunicado difundido este miércoles por el propio Ayuntamiento, el escrito del juez considera que la medida cautelar solicitada por Sacyr “no resulta procedente” pues no se ha logrado acreditar que concurran “los requisitos esenciales para la adopción de la misma”, como por ejemplo que la decisión administrativa “pueda producir un perjuicio de imposible o de difícil indemnización”. Por esta razón concluye que “no ha lugar a la suspensión del acuerdo impugnado”.

Fue en julio de 2020, con Patricia Hernández (PSOE) de alcaldesa que el Ayuntamiento descubrió que se estaban pagando anualmente más de 2 millones de euros a la multinacional como parte del acuerdo alcanzado en 2005 con el equipo de Gobierno municipal de entonces, encabezado por el alcalde de Coalición Canaria Miguel Zerolo, hoy en prisión por el pelotazo de Las Teresitas. En dicho acuerdo, Emmasa pagaría 2,3 millones cada año a Sacyr para que esta recuperase el canon que había tenido que abonar para hacerse con la concesión para poder explotar el servicio y la red de aguas de la capital tinerfeña.

La empresa se hizo con la gestión del ciclo integral del agua de la capital tinerfeña en 2005, después de ofrecer 59 millones de euros por el canon (10 millones más de lo exigido en el pliego) por quedarse con las infraestructuras. Ese dinero ha sido recuperado en parte a través de estos pagos anuales, unas transferencias presuntamente irregulares y que, según dictamen del Consejo Consultivo, carecen de base legal.

Cuando estos pagos fueron descubiertos ya se habían abonado más de 28 millones a la empresa. Hernández ordenó paralizar esos pagos y más tarde se llevó el caso a la Fiscalía. Según afirmó entonces Hernández no existía ningún título habilitante para el abono de esa cuota anual a Sacyr en concepto de devolución de un canon, que por otra parte no se recogía ni en el contrato ni en el título habilitante. Tampoco existe, según informó la entonces alcaldesa, conocimiento del secretario ni informe del interventor al efecto.

Una moción de censura presentada contra Hernández poco después devolvió la alcaldía a CC, con José Manuel Bermúdez a la cabeza y el apoyo del PP y una concejala tránsfuga de Ciudadanos.

Hace escasas cuatro semanas, el Ayuntamiento, dirigido por CC, votó si ejercer la acción penal contra Sacyr, pero el voto de calidad del alcalde decantó la balanza en contra, con lo que finalmente el consistorio no estará en la causa.

Ahora la justicia tumba el recurso interpuesto por la multinacional, con lo que por ahora estos pagos seguirán sin realizarse.