El Supremo reconoce derecho a indemnización por una licencia anterior al BIC de Santa Cruz
Un empresario tinerfeño cuyo negocio está radicado en la calle y plaza de Santo Domingo ha logrado después de más de una década un éxito relativo sobre la declaración del Bien de Interés Cultural (BIC) del Antiguo Santa Cruz. El denunciante estuvo a punto de tirar por suelo esta declaración pero finalmente, al menos, ha conseguido que se abra la puerta a que se le indemnice por una licencia concedida antes de la aprobación del BIC.
La guerra en solitario de este empresario fue en doble sentido: por un lado quería demostrar los errores, a su juicio de bulto, que se incluyeron en la declaración BIC de 2005. Entre ellas, por ejemplo, que la delimitación coincidiera en líneas generales con el área reconocida como núcleo fundacional de la ciudad en el entorno del puerto, lo que era calificado de ambigüedad e imprecisión intolerable en esta clase de procedimientos.
En este punto fracasó, aunque en un primer momento el Supremo llegó a darle la razón por éste y otros argumentos como no considerar de entidad suficiente “la amalgama de estilos” que se concentran en el enclave como para protegerlos.
Pero a continuación el empresario quería que se hiciera cumplir una licencia otorgada antes de la declaración que le permitía derribar un edificio de su propiedad sin valores patrimoniales que está situado justo en el límite del área protegida. Y aquí sí ha obtenido éxito ya que en una reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) se reconoce la eventual responsabilidad patrimonial que en su caso pudiera derivarse a favor del recurrente. El empresario denunció la incongruencia de que se admitiera el mismo dictamen del Cabildo tanto cuando se falló en contra del BIC como cuando se hizo luego a favor.
El resumen es que el empresario ha tardado exactamente 10 años en poder hacer uso de una licencia pedida en el mes de abril de 2004. En ese momento se le indicó que el edificio estaba en el límite del BIC. Pocos meses después, el Cabildo se pronunció en sentido totalmente opuesto y dijo que el edificio no estaba afectado por esta catalogación.
A partir de aquí, este empresario se vio involucrado en una vorágine de informes que muchas veces eran contradictorios ya que en ocasiones determinaban que el edificio estaba protegido y en otras no. El servicio insular de Patrimonio Histórico resaltó los valores arquitectónicos del inmueble y que ostentaba una protección ambiental, por lo que cualquier intervención quedaba condicionada a la aprobación del Plan Especial de Protección de este ámbito que aún no ha sido redactado.
Resulta curioso que sea precisamente ahora cuando Cabildo y Ayuntamiento están hablando de planes para ampliar la zona de protección y aumentar las actividades en este enclave. En ello tal vez ha tenido que ver que ya se ha despejado el complicado panorama judicial que cerca estuvo de hacer saltar por los aires esta protección.
