Una asociación de Güímar pide la inmediata restauración de una cantera a Antonio Plasencia
Una entidad que persigue la protección de los barrancos de Güímar ha pedido la inmediata restauración de la cantera de Las Rosas al empresario Antonio Plasencia y al Ayuntamiento, tal y como establece una reciente sentencia judicial que no tiene que ver con la del caso Áridos.
La Asociación para la Defensa de los Barrancos de Güímar, en un comunicado, solicita el rápido cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en la que se condena a Antonio Plasencia y al Ayuntamiento de Güímar a acometer las obras de restauración de la cantera de Las Rosas.
La misma entidad recuerda que la cantera, situada en el camino La Boruga, se utilizó como vertedero de residuos y ello fue denunciado por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN). Se precintó en el año 2006.
Esa cantera ilegal de áridos recibió durante años el vertido de todo tipo de sustancias nocivas y tóxicas, entre ellas pinturas, neumáticos, aceites, vehículos, baterías de plomo y restos orgánicos, denuncia la misma asociación.
Ello supuso un grave perjuicio para la salud pública y el medio ambiente que debe ser solucionado a la mayor brevedad, máxime , añade la misma fuente, cuando ya hay una sentencia que obliga al dueño de los terrenos, Antonio Plasencia, y al Ayuntamiento de Güímar, a hacerse cargo de la descontaminación y la restauración de la zona.
Respecto a la Corporación local, cuya apelación quedó inadmitida porque fue presentada fuera de plazo, el fallo judicial, según la asociación, establece que ha resultado acreditado que, a partir de 2006, el vertedero de Las Rosas fue clausurado y precintado por el Ayuntamiento, y como tal el Ayuntamiento ha sido declarado responsable de la obligación de restaurar.
En cuanto al dueño del terreno, Antonio Plasencia, que quiso eximir su culpa alegando que había cedido el terreno al Ayuntamiento para que lo utilizara como vertedero de inertes y que fueron otros quienes hicieron mal uso de él, la sentencia “es clara y contundente”, señala la asociación. Explica que, una vez finalizada la actividad legal de vertido, los acuerdos de cesión de los terrenos perdieron su objeto y finalidad, con lo que nuevamente recupera su condición de titular responsable de lo que acontece en sus propiedades.
Según la asociación, está claro que Plasencia no solo ha tolerado el vertido incontrolado posterior al cese del vertedero, sino que manifiestamente se ha intentado desentender de forma clamorosa de lo que ocurría, como si los terrenos hubieran pasado a manos del Ayuntamiento, lo que nunca se llevó a cabo.
