Canarias, segunda comunidad española con más mujeres víctimas de violencia machista
Las denuncias por violencia de género, las condenas a los agresores y las medidas de protección de las víctimas aumentaron en el año 2016, según el balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que además registra un mayor número de maltratadas en ese periodo y que destaca a Canarias, con 81 casos por cada 10.000 mujeres, entre las comunidad autónomas españolas donde este dramático problema está más agudizado, con un segundo puesto compartido con Murcia y por detrás de Baleares.
Las propias víctimas se atrevieron a denunciar en siete de cada diez casos, pero descendieron las presentadas por familiares y por el entorno de la maltratada. Estas representaron el 1,44% del total. Las tramitadas tras la intervención de la Policía representaron el 17 % de los casos.
En 2016, hubo 134.462 mujeres víctimas de violencia machista (el 8,7% más que en 2015), de las que el 70% eran españolas y el 30% extranjeras, y 142.893 denuncias presentadas en los órganos judiciales (el 10,6% más, pues en 2015 fueron 129.193).
Los juzgados de menores enjuiciaron en 2016 por delitos en el ámbito de la violencia contra la mujer a 179 menores, 21 más que el año anterior, y se impusieron medidas a 132 menores españoles y a 32 menores extranjeros.
En cuanto a la tasa de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 féminas, destacan por encima de la media nacional (que es de 56,7), Baleares, con una ratio de 93,3, y Canarias y Murcia, con 81, mientras que la ratio más baja se da en La Rioja, con 27,7.
Las condenas dictadas por los tribunales a los maltratadores se dieron en el 66% de los procesos -el 3,6% más-, pero sobre todo aumentaron las medidas de protección a mujeres y menores, como las órdenes de alejamiento y las prohibiciones de comunicación, estas en más de 22 puntos porcentuales.
En estos procesos, el 12% de las víctimas se acogió a la dispensa de la obligación de declarar contra su maltratador (16.118 mujeres), de las que el 64,7% eran españolas y el 35,3% extranjeras.
Los datos estadísticos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ reflejan que en el total del año las sentencias dictadas fueron 47.175, de las que 31.232 fueron condenas y 15.943 absoluciones. El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer (más del 82%) y en las audiencias provinciales (81%), con incrementos interanuales en ambos casos del 5%.
La opinión de la presidenta del Observatorio
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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.
Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.
Tras este balance de 2016, la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha valorado el aumento de condenas y denuncias, y señaló que “sobre todo se incrementan de manera muy notoria las medidas de protección a las víctimas, sean mujeres o sean hijos o hijas”.
Para Carmona, “los datos alertan, sin embargo, de que sigue creciendo las víctimas; hay más denuncias y hay más mujeres que solicitan, y consiguen, órdenes de protección”. “También nos preocupa que persistan todavía actitudes de violencia machista en nuestra sociedad y que no se acabe de dar un paso firme por familiares, amigos y conocidos para denunciar y acompañar a la víctima en el proceso”, concluyó Carmona.