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El municipio tinerfeño de Granadilla expropiará edificios sin terminar para convertirlos en viviendas

La alcaldesa de Granadilla, en la reunión mantenida este viernes sobre la escasez de vivienda en el municipio.

Tenerife Ahora

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El municipio de Granadilla, en el sur de Tenerife, ha presentado una batería de medidas para paliar la escasez de vivienda que sufre, una problemática que es extensible a toda la isla, pero especialmente al sur, donde gran parte de su suelo es de uso turístico. Una de las soluciones previstas es la expropiación de edificios que no hayan sido terminados y cuyos dueños no asuman la finalización de las obras, con el fin de convertirlos en viviendas.

La alcaldesa, Jennifer Miranda, mantuvo este viernes una reunión con técnicos y responsables del área de planeamiento, bienestar comunitario y urbanismo para planificar la estrategia a corto y medio plazo que llevará a cabo el gobierno municipal con el objetivo de incrementar la oferta de vivienda pública a precios asequibles.

El Ayuntamiento ha explicado que la escasez de vivienda pública, unido al incremento exponencial de los precios del alquiler, es “uno de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos y ciudadanas de este municipio sureño”.

Para la alcaldesa, incrementar la vivienda pública en Granadilla de Abona es uno de los “objetivos fundamentales” de su gobierno para el presente mandato. “La vivienda es una prioridad para nuestro gobierno, por eso esta estrategia se suma a otras iniciativas como la cesión de más de 3.000 metros cuadrados de suelo al Instituto Canario de la Vivienda o el desbloqueo de 294 viviendas de Los Hinojeros, que serán ofertadas por sus actuales propietarios a precios de alquiler asequible”.

Dicha estrategia, explicó el consistorio, plantea dos ejes de actuación: el primero identificará aquellos suelos públicos con la consideración de equipamientos para su transformación en suelo residencial para viviendas públicas El segundo eje pasa por la realización de un inventario de edificios en semiconstrucción para, una vez identificados sus propietarios, exigirles su finalización e incluso, en caso de no finalizarlos, iniciar un expediente de expropiación, pasando estos a propiedad municipal, para su posterior rehabilitación y puesta a disposición como vivienda pública.

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