Vecinos de Adeje piden la demolición del Monkey Beach Club por incumplir la Ley de Costas
Nuevo frente judicial que afecta al futuro del Monkey Beach Club, un conocido local de ocio ubicado en el sur de Tenerife que en la actualidad se encuentra precintado por carecer de licencia de actividad. Vecinos de Adeje han presentado un recurso contencioso-administrativo, al que ha tenido acceso mirametv.com, en el que solicitan que las obras de ampliación del establecimiento sean declaradas contrarias al interés general por incumplir la Ley de Costas y la adopción de “cuantas medidas procedan para el pleno restablecimiento del orden jurídico perturbado”.
Un nuevo paso judicial que se suma a la denuncia que hace más de un año y medio presentó la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por considerar que existen indicios de presuntos delitos urbanísticos en las obras de ampliación del Monkey Beach Club, autorizadas por el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Adeje, lo que ha dado pie a la apertura de diligencias penales.
El recurso es consecuencia del silencio de la Demarcación Provincial de Costas que, pese a ser la máxima responsable a la hora de velar por el cumplimiento de la legislación estatal, no dio respuesta a un escrito presentado en octubre de 2018 por los afectados, donde ya solicitaban que se declarasen los actos administrativos que han amparado los trabajos de rehabilitación del local “contrarios al interés general”, de cara a adoptar “cuantas medidas procedan para el pleno restablecimiento del orden jurídico perturbado”.
Para llegar a un posible derribo, antes será necesario que el juzgado estudie un expediente cargado de polémica. Las obras de ampliación del Monkey Beach Club están sustentadas en el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística (PMM) de Costa Adeje, que acaba de ser anulado en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Entre los numerosos argumentos esgrimidos por los empresarios que recurrieron el documento, que aprobó el anterior Gobierno autonómico en los últimos días de la pasada legislatura, se encuentra la ausencia en el expediente del informe preceptivo de Costas.
El recurso hila fino a la hora de justificar los motivos que fundamentarían el posible derribo del Monkey Beach Club, un establecimiento que es propiedad de los hermanos Cabrera, hijos de José Fernando Cabrera, expresidente de la patronal hotelera en la provincia tinerfeña (Ashotel). Los argumentos jurídicos se apoyan en los artículos 25 y 27 de la Ley de Costas, que regulan los usos permitidos en las zonas de servidumbre de tránsito y de protección, pero especialmente en la disposición transitoria cuarta, donde se especifica que en estas zonas del litoral “podrán realizarse obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes”. El afamado local de ocio, ubicado en primera línea de la playa de Troya, acaba de realizar una ampliación que le ha permitido incrementar en dos plantas sus instalaciones.
La ausencia de un pronunciamiento final de Costas antes de la aprobación del PMM, el plan donde se apoyó la reforma del Monkey Beach Club, abrió un agujero por el que se colaron unas obras que tienen un más que cuestionable encaje en la redacción de la actual legislación. En uno de los escritos emitidos por el órgano estatal durante la tramitación del documento urbanístico, los técnicos ya advertían de que el Plan de Modernización incluía actuaciones en zonas de servidumbre de protección y alertaban de que sólo se podrían realizar “siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes”, tal y como detalla la disposición transitoria cuarta.
Sin autorización
Sin autorizaciónEl recurso presentado en el contencioso-administrativo va más allá de la ilegalidad de las obras que podría derivar de una posible anulación definitiva del PMM por el Tribunal Supremo. Con el objeto de evitar que las actuaciones llevadas a cabo en el Monkey Beach Club puedan ser legalizadas en el futuro por otro instrumento de ordenación urbanística, los vecinos proponen la restauración del orden perturbado en aplicación de la Ley de Costas, lo que supondría el derribo.
La posible demolición que se plantea también tiene otro punto de apoyo en la actual Ley de Costas, que data de 1988. En la propia disposición transitoria cuarta se dictamina que “las obras e instalaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas entonces vigente, serán demolidas cuando no proceda su legalización por razones de interés público”.
El edificio original del Monkey Beach Club fue construido en 1975, antes de la aprobación de la legislación vigente. Como reconoce el órgano estatal en uno de sus informes, la instalación se levantó sin que consten “los permisos exigibles por la Ley de Costas de 1969 para su construcción”. Una situación que contrasta con la pasividad mostrada por los responsables del órgano estatal en la provincia tinerfeña.
Pese a que admite que la instalación nunca tuvo las autorizaciones iniciales, en el mismo informe, que obra en el expediente vinculado con la ampliación del Monkey Beach Club, el jefe de Servicio de Gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre, Juan Antonio Troya, titubea a la hora de posicionarse sobre la contradicción aparente entre la reforma y lo expresado por la Ley de Costas. El funcionario concluye que la normativa de 1988 no prohíbe de forma expresa los usos de bar, restaurante o cafetería; por lo que las limitaciones urbanísticas de aplicación “serían las que establezca el planeamiento”.
El planeamiento vigente no es otro que el Plan que acaba de anular en primera instancia el TSJC. Un galimatías que enreda aún más la posición de Costas, sobre todo si se tiene en cuenta que el propio Troya, en el informe sobre el Monkey Beach Club, asevera que “se deberían de solicitar los informes jurídicos que pudieran proceder sobre la aprobación del PMM de Adeje, por no constar su aprobación definitiva por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar”.
