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Acuerdo para condenar a tres empresarios a restaurar los barrancos de Güímar

La Fiscalía y la acusación popular aceptan la declaración de culpabilidad de Antonio Plasencia y otros dos areneros por las extracciones en Güímar

Asumen la rehabilitación pero evitan la cárcel

El constructor Antonio Plasencia, durante la vista oral que la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado contra varios empresarios por la extracción de áridos de los barrancos de Güímar. (David Cuesta)

El constructor Antonio Plasencia, durante la vista oral que la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado contra varios empresarios por la extracción de áridos de los barrancos de Güímar. David Cuesta

La Fiscalía y la acusación popular, que representa el abogado Carlos Álvarez, han aceptado la declaración de culpabilidad de tres de los cuatro acusados por la extracción ilegal de áridos en el municipio tinerfeño de Güímar. El histórico acuerdo, al que ha tenido acceso mirametv.com, se firmó en la mañana de este viernes y supondrá la condena por delitos ecológicos de los empresarios Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia. Los tres asumen una pena de 15 meses de prisión para cada uno, con la que evitarían la entrada en la cárcel, y la obligación de pagar de su bolsillo la restauración de los barrancos. El juicio continuará contra el único arenero que no se ha sumado a la propuesta, Francisco Javier Del Rosario. 

La sentencia firme que dictará la Audiencia Provincial, una vez que ya se ha llegado a un acuerdo entre las partes,ordenará la rehabilitación del equilibrio ecológico perturbado en los barrancos a raíz de la actividad que las empresas de los tres condenados desarrollaron sin licencia durante más de 15 años. La cuantía a la que tendrán que hacer frente será fijada por las tres administraciones públicas implicadas: Ayuntamiento de Güímar, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias. Durante la instrucción, un informe pericial encargado por la Fiscalía cifró en 279 millones de euros el coste de la rehabilitación. 

El acuerdo cierra la vía penal para los tres acusados que asumen su culpabilidad, perocontinuará la causa civil abierta por el Ayuntamiento como parte perjudicada, en la que reclama a los cuatro empresarios una indemnización de 209 millones de euros. 

En el escrito, además de la condena a un año y tres meses de prisión, el fiscal insta, de conformidad con lo establecido en el artículo 339 del Código Penal, a que "se ordene la adopción a cargo de cada uno de los autores de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado en cada una de las áreas donde los acusados ejercieron la actividad". En concreto, el acuerdo hace alusión a las canteras denominadas Badajoz, explotada por la empresa de Antonio Plasencia Áridos del Sur SA; Baden II, donde realizó las extracciones Hermanos Morales Martín SL; y Extracsa, en la que actuó la sociedad de Pedro Sicilia Áridos Canarios SA.

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